Desde la clandestinidad, el suspendido alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, reapareció en un video publicado en redes sociales. La exautoridad está siendo buscada luego de que el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de La Libertad solicitara su orden de captura tras declararlo reo contumaz.
La decisión de la jueza Ingrid Pajares Acosta se basó en el comportamiento de la exautoridad en las audiencias. Sin embargo, Fernández grabó un video —con duración de casi tres minutos—, para señalar que los quieren asesinar tras estar 10 días prófugo.
De esta manera, sostuvo que ha presentado un hábeas corpus para dejar sin efecto el pedido del Poder Judicial, pero cuestionó que no se resuelve luego de una semana. Asimismo, señaló que es un “juicio parcializado e injusto”.
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En otro momento, criticó al Gobierno por los casos de corrupción que alcanzan hasta la presidenta. Por ello, afirmó que su vida “corre peligro”. Como se recuerda, la última vez que se le vio fue en el aniversario de Huamachuco.
Retrasos en audiencia judicial
Fernández Bazán, quien fue condenado en segunda instancia por difamación agravada y suspendido de su cargo hasta 2025, no asistió a la audiencia programada por otro caso. Aunque inicialmente ingresó a la sesión virtual, abandonó la sala después de unos minutos, lo que llevó a la jueza a ordenar su detención para asegurar su comparecencia forzosa.
La denuncia en cuestión fue presentada por Ricardo Morales Gamarra, exdirector del Proyecto Huacas de Moche, debido a que lo acusó de vender patrimonios. Las acciones de Fernández Bazán durante el proceso judicial han generado múltiples dilaciones, sumando más de 20 actos que incluyen la recusación de la jueza asignada y la solicitud de cambio de sede judicial por supuesta falta de garantías.
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Además, ha presentado numerosas excusas de problemas de salud respaldadas por certificados médicos que podrían ser considerados falsos.
Orden de captura
En el sistema de requisitorias de la Policía Nacional del Perú ya se encuentra el nombre del polémico alcalde para que sea ubicado tras la orden de captura. De esta manera, podría ser intervenido en cualquier momento, según las investigaciones.
El jefe de la III Macro Región Policial, general José Zavala, precisó que el estado de la exautoridad es para que se presente a la audiencia de grado y fuerza. Esto debido a que no se trata de una prisión preventiva o sentencia.
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Según Morales Gamarra, Fernández ha recurrido a diversas estrategias para retrasar el proceso judicial. Este tipo de tácticas incluyen la presentación de una certificación médica expedida rápidamente que avala una enfermedad de Fernández, así como la recurrente ausencia de su defensor en las audiencias programadas, lo que obliga a reprogramarlas.
También se destaca la inasistencia del propio Fernández y la recusación de la jueza encargada del caso, lo cual ha contribuido a prolongar innecesariamente el procedimiento. Además, se le pide una indemnización de 100 mil soles como reparación.