El abogado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), Walter Ayala, justificó que su patrocinado haya empleado un avión y helicópteros militares para acudir a una celebración familiar, un caso por el que la Fiscalía de la Nación presentó una nueva denuncia constitucional contra el exmandatario por peculado de uso.
En una entrevista difundida este viernes por Exitosa, el jurista indicó que Castillo no incurrió en irregularidades al usar las naves de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para fines personales y consideró que la acusación no tiene sustento. “Yo no le veo camino a esa denuncia. Acá se ha gastado fiscales, tinta, tiempo para que esto en el Poder Judicial se archive. El presidente tiene cinco denuncias constitucionales, pero esta no tiene ni pies ni cabeza”, dijo.
“¿Un presidente de la República tiene que agarrar bus para ir por carretera a Chora? El presidente de la República es el primer dignatario del Perú y para trasladarse tiene que utilizar vehículos del estado y si es una zona distante como entre Lima y Cajamarca, es normal que agarre un helicóptero. No le veo nada de raro en ese sentido”, dijo.
“Él como dignatario pueda viajar, lo que se está cuestionando que es que en ese avión viajaron sus familiares, por ahí viene el tema. Sería distinto que se le haya dado un vehículo a la familia para que ellos hagan uso de ese avión. Él estaba viajando en ese avión y fue ahí con su familia ¿Cuál es el perjuicio o el acto lesivo?”, agregó.
Según el manifiesto de pasajeros del Grupo Aéreo N.º 8 de la FAP revelado por Panorama, el vuelo se realizó en el avión Spartan de matrícula FAP 329, que partió del Aeropuerto Jorge Chávez con destino a Jaén, Cajamarca. A bordo viajaron 18 personas, incluidos el hoy preso alcalde de Anguía, José Medina Guerrero, y el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, quien se entregó a las autoridades tras más de 100 días prófugo.
Durante su tiempo en el Ejecutivo, el exmandatario propuso construir un helipuerto en San Luis de Puña para mejorar la comunicación aérea con esta comunidad rural de Cajamarca. Entonces, estuvo rodeado de familiares durante su mandato, varios de los cuales están implicados en casos de presunta corrupción, como Yenifer Paredes, hermana de su esposa, y Fray Vásquez, su sobrino, recientemente entregado a la justicia tras dos años prófugo.
El exmandatario cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo por delitos de rebelión y conspiración, vinculados al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Su familia recibió asilo en México y permanece en ese país, mientras que él fue detenido por su propio escolta y entregado a la justicia.