A diferencia de su antecesor Alejandro Soto, el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, brindó hoy una conferencia de prensa para responder ante los medios de comunicación sobre coyuntura y el presunto vínculo que tendría con la minería ilegal. Al respecto, negó que los proyectos de ley que presentó hayan beneficiado a los mineros ilegales y explicó los motivos.
Entre las propuestas presentadas, destaca inicialmente el Proyecto de Ley 07287-2023-CR, el cual buscaba detener la actividad ilícita al distinguir a los pequeños mineros responsables de aquellos que se inclinan por la informalidad. Sin embargo, fue descartado en marzo tras la anulación del Decreto Legislativo 1607.
También se encuentra el PL 2715/2021-CR, cuyo propósito sería restringir las competencias de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental y de la Policía Nacional del Perú (PNP) para intervenir en actividades de minería ilegal.
Se incluyen en la lista el PL 04587/2022, que autoriza a los gobiernos regionales a permitir la explotación de bosques, y el PL 6259/2023, que propone la construcción de carreteras que atravesarían áreas naturales protegidas, como el Parque Nacional del Manu, ubicado en Cusco y Madre de Dios.
Además, el parlamentario ha sido criticado por respaldar la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre mediante el PL 0894-2022, lo que facilitaría prácticas ilegales como el tráfico de tierras y perjudicaría los derechos de los pueblos indígenas.
Por ejemplo, Salhuana dijo que la Ley 31388, que prorroga la vigencia de la formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2024, a través de la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), fue necesaria ya que solo se habían logrado formalizarse 300 mineros de los 90 mil inscritos hasta diciembre del 2021.
Por ello, dijo que su iniciativa buscaba evitar que los mineros que buscaban formalizarse no pasen a ser informales e ilegales, solo por un tema burocrático o demora. A su juicio, su propuesta evitó que haya una gran convulsión social en el país.
“Se tuvo 103 votos de todas las bancadas, no podemos decir que todos los parlamentarios estarían apoyando una actividad ilegal”, refirió el presidente del Congreso.
Otra de las propuestas es la ahora Ley 31746, que otorga facultad a inscritos en el Reinfo para vender su producción a compradores legales garantizando la trazabilidad del oro, iniciativa que ha promovido que no exista más informalidad.
“Estamos promoviendo que la actividad se convierta en legal”, sostuvo el titular del Parlamento en conferencia de prensa.
Un reporte de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) - Perú ha evidenciado que la minería ilegal en la Amazonía peruana está afectando actualmente a 32 distritos y 22 ríos en las regiones de Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco, Ucayali y Madre de Dios.
Cabe resaltar que desde el año 2020 se ha observado un incremento en la economía ilegal, incluso en áreas donde previamente no se habían registrado estas prácticas ilícitas.
Martín Arana, autor del informe y representante de FCDS-Perú, destaca que la combinación de las tendencias del mercado del oro, la falta de empleo, la pobreza y la presencia de grupos del crimen organizado contribuyen directamente al aumento de esta actividad ilegal.
Por lo tanto, expertos de la FCDS-Perú y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) afirman que es esencial desarrollar sistemas de monitoreo y control eficaces para mitigar el impacto de esta actividad, ya que la formalización se presenta como una solución parcial debido a la lentitud y complejidad del proceso burocrático.