Este lunes, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, defendió firmemente sus proyectos de ley relacionados con la minería en pequeña escala, en respuesta a las acusaciones que han surgido en su contra.
El congresista de Alianza para el Progreso (APP) argumenta que existe un profundo desconocimiento en Lima sobre la realidad de la actividad en el país. Según él, las críticas recibidas carecen de fundamento y no reflejarían la importancia económica y productiva que tiene para las comunidades en las zonas más remotas del territorio nacional, donde, según el legislador, alrededor de medio millón de personas dependen de ella para generar riqueza.
Minem e Ingemmet respaldan sin oposición a Salhuana
Salhuana, quien ejerció como abogado hasta 2021 y actualmente se desempeña como parlamentario, explicó que su objetivo es ordenar y formalizar la minería en pequeña escala, es decir, la que utiliza herramientas simples y técnicas básicas, generalmente en áreas rurales.
También, aseguró que todos sus proyectos de ley están en conformidad con la ley y cuentan con el respaldo favorable de entidades como el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y la cartera de Energía y Minas (Minem).
Y, destacó que, en su región, Madre de Dios, esta actividad contribuye en aproximadamente un 35% al Producto Bruto Interno (PBI) regional, lo cual demuestra su relevancia económica.
Rechaza acusaciones
En la misma línea, el presidente del Legislativo se dirigió a las acusaciones de vínculos con la minería ilegal, calificándolas como “infundadas”. Según Salhuana, tales señalamientos no tienen fundamento y buscarían desvirtuar su trabajo en la formalización y regulación de la minería a pequeña escala.
Sin embargo, aun así, Salhuana enfrenta serias acusaciones sobre posibles vínculos con la minería ilegal. Recientemente, se difundieron conversaciones comprometedoras en grupos de WhatsApp que lo implican en discusiones que favorecerían a mineros informales e ilegales.
El presidente del Legislativo habría sido parte de un grupo que promovió la derogación de una disposición que permitía a la Policía Nacional del Perú enfrentar la tenencia ilegal de explosivos por parte de mineros con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Además, esta derogación, aprobada mediante la Ley N.º 31989, eliminó la fecha límite para la formalización de mineros, lo que habría permitido la continuación de actividades ilegales bajo la apariencia de informalidad.
Asimismo, el historial de Salhuana incluye su papel como asesor legal de gremios de mineros artesanales y cargos importantes en el Gobierno Regional Madre de Dios, donde ha tomado decisiones que afectan la minería. También se le ha acusado de haber representado a mineros informales que se beneficiaron de la derogación de normas contra la minería ilegal.