La promulgación de la ‘ley de amnistía’ promovida desde el Congreso y no observada por el Gobierno de Dina Boluarte tuvo sus primeras reacciones en contra. Esta vez, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, emitió un comunicado en el que lamenta la publicación de la norma de manera oficial y sin una observación por parte del Poder Ejecutivo.
Türk afirmó que este tipo de delitos, tanto los de lesa humanidad como los crímenes de guerra, “figuran entre las violaciones más graves del derecho internacional y no deben ser objeto de amnistías ni prescripción. Las personas responsables de crímenes atroces deben rendir cuentas, de acuerdo con el derecho internacional”.
Esto se debe a que dentro del texto promulgado esta mañana en el Diario Oficial El Peruano, se indica que “ninguna persona puede ser procesada, condenada, ni sancionada” por cometer estos actos.
El representante de la ONU también consideró que “la falta de rendición de cuentas por estos crímenes, cuandoquiera que se hayan cometido, pone en peligro los derechos a la verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición de miles de víctimas de graves violaciones en el Perú”.
Corte IDH: “Perú tiene la obligación de cumplir con las decisiones”
En julio de este año, la presidenta Dina Boluarte y Alejandro Soto, enviaron una carta a la Corte IDH en la que acusaron al organismo internacional de “desconocer la soberanía estatal y el principio de separación de poderes” y solicitaron que “corrija sus excesos”.
En ese sentido, la Corte emitió hace un par de días, el 7 de agosto, un comunicado en el que pidió al Gobierno de Dina Boluarte que reitere su adhesión al sistema y su compromiso con la Convención Americana sobre Derechos Humanos
“De acuerdo al derecho internacional, no es posible alegar disposiciones de orden interno para incumplir con obligaciones internacionales”, señala la carta firmada por Nancy Hernández, presidenta de la corte interamericana.
Hoy se vence el plazo para informar sobre medidas
Como parte de la evaluación de medidas provisionales para determinar si persisten los requisitos que motivaron su adopción inicial: extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño, se otorgó al Estado peruano un plazo, que vence hoy, el 9 de agosto de 2024, para remitir un informe.
En el documento, la Corte IDH espera que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte identifique y detalle las acciones, medidas o decisiones tomadas para dar cumplimiento eficaz de sus obligaciones, y que informe al tribunal para que estas sean valoradas adecuadamente por el pleno.
En una resolución emitida en julio del 2024, la CIDH solicitó que es importante evitar la impunidad en casos como el de Barrios Altos y La Cantuta. Se indicó además que las víctimas y sus familias tienen derecho a un acceso efectivo a la justicia, tanto a nivel nacional como en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
En ese sentido, se requirió al Estado peruano que, “a través de sus tres poderes, tome las acciones necesarias para que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia” al entonces proyecto de ley, algo que finalmente no ocurrió y que generó que esta norma se promulgue esta mañana en el Diario Oficial El Peruano.