El Poder Judicial del Perú reanudó este miércoles a las 9 de la mañana el juicio oral por el Caso Cócteles, que involucra a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y otros 40 procesados bajo la acusación de pertenencia a una organización criminal. Este proceso se llevó a cabo en el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
Los abogados defensores de dos acusados, Luis Mejía Lecca (extesorero y personero legal de Fuerza Popular) y el expremier Efraín Goldenberg, solicitaron la exclusión de sus clientes del caso por motivos de salud, por lo que los jueces han revisado informes de, Instituto de Medicina Legal.
En el caso de Mejía Lecca, el tribunal decidió separarlo del juicio debido a una grave enfermedad cerebrovascular incurable que lo deja postrado en cama, sin pleno uso de sus facultades físicas y mentales. Durante la audiencia virtual, los jueces, tras recibir los informes médicos y escuchar las posturas del fiscal José Domingo Pérez y la abogada defensora Jeny Vilcatoma, decidieron excluirlo, pero cada nueve meses se reevaluará su estado de salud para determinar si en algún momento puede enfrentar el juicio públicamente.
Si su condición sigue siendo irreversible, eventualmente el proceso en su contra será archivado. Los médicos forenses Luis Salas Mayta y Melisa Pinto Echegaray certificaron que Mejía Lecca sufrió un accidente cerebrovascular agudo que lo mantiene en un estado de semiconsciencia, sin capacidad de movimiento.
En un contexto previo, en noviembre de 2018, el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho había ordenado 36 meses de prisión preventiva para Mejía Lecca. Durante su reclusión, bajo la asistencia del abogado Raúl Noblecilla, Mejía Lecca buscó acogerse a la colaboración eficaz, declarando que, a solicitud de Ana Herz de Vega, revisó y destruyó documentos comprometedores en su domicilio de La Molina. Además, se le implicó en influir sobre Luis Nava para que este se acogiera a la colaboración eficaz y declarase contra el expresidente Alan García.
En enero de 2019, la Sala de Apelaciones revocó la prisión preventiva de Mejía Lecca, y quedó en libertad, aunque el trámite de la colaboración eficaz no se concluyó y fue archivado. En su contra, el fiscal había solicitado una pena de 22 años y 10 meses de prisión; sin embargo, la acusación no fue sustentada de forma oral en las audiencias de julio.
Vicente Silva pidió prescripción de sus delitos con Ley Soto
Por su parte, Vicente Silva Checa, otro de los principales implicados en el Caso Cócteles, intentó archivar tres de los delitos que se le imputan, basándose en la controvertida Ley Impunidad, aprobada por el Congreso y promulgada por el Gobierno en julio. Su abogado, Jorge Jerí Jong, solicitó la prescripción de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia, amparándose en la ley 31751.
Jerí Jong argumentó que varias cortes superiores y la propia Corte Suprema habían estado aplicando dicha ley. Sin embargo, el Tercer Juzgado Penal respaldó la postura del Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado, quienes afirmaron que, al estar involucrado en una organización criminal, los plazos para prescripción se duplican, por lo que no procede la prescripción en estos delitos.
El juicio por el Caso Cócteles continuará el lunes 12, donde Keiko Fujimori y el resto de los acusados deberán responder personalmente si aceptan o rechazan los cargos imputados por la fiscalía. Posteriormente, se debatirá sobre la admisión de nueva prueba presentada tanto por la fiscalía como por las defensas. Todo el proceso se llevará a cabo de manera virtual.
Caso Cocteles
Esta audiencia es parte de la primera etapa del juicio oral que evalúa la presunta recepción de fondos ilícitos de campaña provenientes de Odebrecht y otros empresarios durante las campañas electorales de 2011 y 2016. En esta fase, se han escuchado los alegatos iniciales tanto del Ministerio Público como de los defensores de los imputados.
En la audiencia del Caso Cocteles del 24 de julio, 15 acusados presentaron sus argumentos iniciales, incluidos aquellos vinculados a los aportes de campaña y procesados por lavado de activos, así como abogados imputados por obstrucción a la justicia.
El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, acusó a la presunta organización criminal liderada por Fujimori de lavar más de 17 millones de dólares a través de donaciones para sus campañas en 2011 y 2016, además de intentar obstaculizar las investigaciones fiscales en su contra. Para Keiko Fujimori y su presunta cúpula, se ha solicitado una pena de 30 años y 10 meses de prisión.