Los operativos para combatir la minería ilegal en el Perú han obtenido un nuevo éxito significativo. El pasado jueves 1 de agosto, en el distrito de Colorado, en la provincia del Manu (Madre de Dios), se llevó a cabo una interdicción que resultó en la confiscación de materiales y equipos valorizados en 7.6 millones de soles, utilizados en la minería ilegal.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, destacó que “este golpe contra la minería ilegal es fruto del trabajo articulado de la Policía, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía. Esto demuestra que el Estado en su conjunto debe seguir trabajando unido para erradicar esta práctica ilegal y proteger nuestro medioambiente”.
Para esta operación, colaboraron 12 efectivos de la División Contra la Minería Ilegal de la Policía Nacional, diez miembros del Ejército del Perú, y un fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios.
Según la información recopilada, entre los bienes incautados se encuentran una excavadora tipo oruga, un cargador frontal, un volquete, una camioneta 4x4, 1400 metros de cable eléctrico, 1550 galones de combustible diésel, y 400 kilos de alambre, entre otros elementos.
Esta reciente intervención se añade a los dos operativos desplegados en junio en La Pampa, también en Madre de Dios, los cuales fueron supervisados personalmente por el jefe del Gabinete Ministerial durante su visita a la región. En esos operativos se destruyeron siete dragas e implementos, valorizados en más de 4.2 millones de soles.
La Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente, encargada de realizar el seguimiento a la formalización minera y a las acciones destinadas a la erradicación de la minería ilegal y a la recuperación del ambiente, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), está en proceso de actualizar la estrategia de lucha contra la minería ilegal en Perú.
Asimismo, la División Contra la Minería Ilegal de la Policía Nacional ha fortalecido sus capacidades operativas y de inteligencia, colaborando estrechamente con las fuerzas armadas y las fiscalías especializadas, para coordinar operaciones que no sólo resulten en la incautación de equipos, sino también en la captura de los responsables de estas actividades ilícitas.
Crece la violencia por minería ilegal
El aumento de la violencia en la región de Madre de Dios atribuido a la minería ilegal ha vuelto a ocupar titulares en las últimas semanas, debido a un ataque brutal sufrido por los hermanos Robert Quispe Arcos y Reynaldo Quispe.
El periodista Manuel Calloquispe, del medio Inforegión, informó que el violento incidente ocurrió el pasado 30 de mayo en la comunidad de Boca Unión, situada en el distrito de Laberinto, provincia de Tambopata.
Los hermanos estaban llevando a cabo labores en una concesión minera cuando fueron agredidos salvajemente por un grupo de desconocidos armados con machetes. Según declaraciones de otro hermano de los agredidos, Lucio Quispe Arcos, Robert y Reynaldo sufrieron graves heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo.
Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Santa Rosa en Puerto Maldonado, aunque la gravedad de las heridas de Robert requirió su evacuación a Cusco, donde permanece hospitalizado.
Las autoridades aún no han realizado una investigación a fondo del ataque, aunque las denuncias han sido registradas en la comisaría del distrito de Laberinto y en la Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Tambopata. Según las mismas denuncias, los presuntos autores intelectuales del ataque son David Villavicencio Mamani y Gavino Villanueva Sopan, acusados de contratar a los agresores.
Este incidente no sólo pone de relieve la creciente violencia en Madre de Dios, sino que también subraya las tensiones que existen en torno al proceso de formalización de la minería en la Amazonía peruana.
Alejandro Velásquez Hoskga, propietario de la concesión minera Tentación, ha declarado que ha estado intentando formalizar su operación durante una década. A pesar de haber cumplido con todos los requisitos legales y ambientales, el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Igafom) no ha completado su evaluación en tres años.
Velásquez denunció que mineros ilegales operan en su concesión, recurriendo frecuentemente a la violencia y utilizando documentación fraudulenta para obtener derechos de explotación. Esta situación ha generado un clima de inseguridad y conflictos que afecta no sólo a los mineros legales, sino también a las comunidades locales.
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