Norma Yarrow, congresista de Renovación Popular, cuestionó la candidatura de Eduardo Salhuana a la Presidencia del Congreso de la República. Además de confirmar la separación de su bancada del denominado Bloque Democrático, recordó que el integrante de Alianza para el Progreso tiene vínculos con la minería ilegal.
“Es una persona bastante cuestionada en cuanto a la minera ilegal, la cual está trayendo a nuestro país en desgracia, y lo vimos con el tema del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). […] A mí lo que me llama la atención es que el presidente regional de Trujillo, donde se encuentra Pataz, que está viviendo todo esto de la minería ilegal, avale una candidatura para que se maneje un poder del estado como es el Congreso de la república”, mencionó.
Agregó que, ante el rechazo a las opciones presentadas, la agrupación celeste se posicionará como una “oposición responsable” tanto frente al gobierno de Dina Boluarte como frente a Salhuana y que votará en blanco. “Me reafirmo que es el candidato de Dina Boluarte. Aquí se están tomando ministerios, embajadas y la Mesa Directiva”, remarcó.
Efectivamente, tal como adelantó este medio, la presidenta es una de las personas a favor de la postulación de Salhuana, debido a que, al igual que en el caso de César Acuña, la ha defendido de las denuncias constitucionales en su contra y tendrían una buena amistad.
“La denuncia podría tener un problema concreto constitucional, ya que los delitos imputados por el fiscal no se encuentran contemplados en el menú de ilícitos penales previsto por el artículo 117″, dijo Salhuana el pasado 29 de mayo como si fuera un oficialista y portavoz del Gobierno.
Incluso, cuando se cuestionó que la jefa de Estado asegurara que cuenta con amigos al interior del Parlamento, uno de los que salió en su defensa fue el integrante de Alianza para el Progreso. “[¿APP es amigo del Gobierno?] Nosotros somos amigos de todos, creemos que en general en la política hay que buscar cercanías y coincidencias”, mencionó.
A ello se le suma que, ante el revuelo por el caso Rolex y las contradicciones de la mandataria, el legislador resaltó en entrevista con RPP que “le parece bien que haya ido a declarar a la Fiscalía”. Si bien reconoció que “el país merecía una explicación, ya que algunos podrán tener dudas de la verosimilitud de sus afirmaciones”, precisó que él no duda de la palabra de Boluarte. “Yo no tengo por qué dudar, creo que es su palabra de la presidenta y dejemos que las instituciones funcionen, que el Ministerio investigue”, declaró.
Cuestionamientos de Eduardo Salhuana
Entre las iniciativas legislativas promovidas por Salhuana destaca el Proyecto de Ley 07287-2023-CR, que, si bien trataba de frenar la actividad ilícita diferenciando a los pequeños mineros responsables de los informales, fue eliminado tras la derogación del Decreto Legislativo 1607. Otra iniciativa polémica fue el PL 2715/2021-CR, que buscaba limitar las competencias de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental y la Policía Nacional del Perú (PNP) para intervenir en actividades de minería ilegal.
Además, Salhuana propuso una serie de leyes que afectan directamente al medio ambiente y a las comunidades indígenas. Entre ellas, el PL 04587/2022, que permitiría a los gobiernos regionales autorizar la explotación de bosques, y el PL 6259/2023, que permitiría la construcción de carreteras en áreas naturales protegidas, como el Parque Nacional del Manu. También apoya el PL 0894-2022 para modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, facilitando prácticas ilegales como el tráfico de tierras.
Un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) - Perú subraya que la minería ilegal impacta actualmente a 32 distritos y 22 ríos en varias regiones del país. Según Martín Arana, representante de FCDS-Perú, las tendencias del mercado del oro, la falta de empleo y la pobreza, junto con la presencia de grupos criminales organizados, han intensificado estas actividades ilícitas.
Expertos de FCDS-Perú y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) destacaron la importancia de sistemas efectivos de monitoreo y control para mitigar el impacto de la minería ilegal. La formalización se ve como una solución parcial debido a su lentitud y complejidad burocrática.