A la fecha, 11 barcos chinos se encuentran anclados en los puertos de Paita, Bayóvar, Chimbote y Callao, así lo reveló la periodista especializada en océanos Magali Estrada, de Ojo Público, quien obtuvo esta información a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi), autoridad marítima y guardia costera del país.
Esta situación ha generado preocupación entre los pescadores artesanales, especialmente en Piura. Pues, de acuerdo a Estrada, en los últimos días, algunos pescadores de esta región denunciaron que la presencia de estas embarcaciones es ilegal, desencadenando un debate sobre la regulación y supervisión de las actividades de pesca en el mar peruano.
Produce sabía de embarcaciones chinas
En respuesta a estas denuncias, la Dicapi señaló a Ojo Público que la llegada de los barcos chinos fue planificada específicamente para llevar a cabo un cambio de tripulación.
Esta acción, de acuerdo con la entidad, había sido anunciada con anticipación y cuenta con la validación del Ministerio de la Producción y de la Autoridad Portuaria Nacional. Asimismo, la Dicapi resaltó que se realizan inspecciones rigurosas a estos barcos para asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones pertinentes, tanto nacionales como internacionales.
Aunque, los pescadores de Piura han expresado su temor ante la posible competencia desleal y la sobrepesca que podrían generar estas embarcaciones. Aseguran que, de ser cierta la denuncia de operaciones ilegales, la sostenibilidad de los recursos marinos podría verse gravemente comprometida, afectando no solo el medio ambiente, sino también su principal fuente de subsistencia.
¿Qué ha dicho Produce?
Hoy, a través de un pronunciamiento, Produce informó que viene intensificado las medidas para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el territorio peruano con el apoyo de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero (OROP), organización intergubernamental que busca garantizar la protección de la biodiversidad en el medio marino en las zonas de alta mar del Océano Pacífico Sur.
También se ha dado un fuerte impulso a la cooperación interinstitucional con el Ministerio de Defensa, mediante la adquisición de patrulleras diseñadas para tareas de seguridad y vigilancia marítima, con una inversión que supera los S/13 millones.
Por otro lado, indicaron que una de las recientes iniciativas para combatir este problema es la implementación de la Estación de Vigilancia Electrónica en Puerto Pizarro, en Tumbes, que fortalece las capacidades de monitoreo para prevenir actividades ilícitas en las proximidades de la frontera norte de Perú.
Esto en colaboración con diversas entidades como la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), Migraciones y la Policía Nacional (PNP), que, reafirmaron, están llevando a cabo inspecciones rigurosas en los puertos para verificar que las embarcaciones extranjeras cumplan con la normativa y no transporten recursos hidrobiológicos que infrinjan las leyes vigentes.
Estas acciones son parte de una estrategia para asegurar el control y vigilancia permanente del tráfico y actividades pesqueras en aguas nacionales, en el marco de la prepublicación de un proyecto de decreto supremo que busca reforzar el marco legal existente, conforme al Decreto Supremo N° 016-2016-PRODUCE y el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, ratificado por Perú en 2017.