La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho llevó a cabo la entrega de los restos óseos de 11 víctimas del caso ‘Pucayacu’ en un acto solemne. Este evento, parte de la reparación integral para las víctimas de la violencia ocurridas entre los 80 y 90, busca rendirles un homenaje digno.
Los restos pertenecen a Alejandro Araujo Cabezas, Germán Santiago Huamán, Marcelino Quispe Rojas, Toribio Huachaca Quispe, Víctor Manuel Cruz Curo, Mariano Mancilla Muñoz, Julián Cunto Chocce, Romualdo Quispe Ramos, Alejandro Gutiérrez Taipe, Gregorio Ñaupari Ramos y Erasmo Oré Soto.
Tal como reveló la agencia Andina, estos ciudadanos fueron identificados por el Equipo Forense Especializado y la Unidad de Biología Molecular y Genética de Ayacucho del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. Los procedimientos forenses y de ADN fueron realizados con estrictos estándares internacionales para asegurar su precisión.
El acto fue presidido por Raquel Cárdenas Manrique, la coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, junto a Raphael Anaya Caldas, jefe del Instituto de Medicina Legal, y José Coloma Marquina, representante de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia.
Además, participaron el fiscal provincial Milton Felices Prado y la fiscal adjunta Jenny López Rojas, a cargo del caso. Representantes del Equipo Forense Especializado, del Comité Internacional de la Cruz Roja y familiares de las víctimas también estuvieron presentes.
Enterrados sin ser identificados
Cabe mencionar que los cuerpos de estas víctimas fueron hallados el 22 de agosto de 1984 en la zona de Pucayacu, en la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. Encontrados en cuatro fosas, fueron llevados al Hospital de Huanta para la necropsia correspondiente y, posteriormente, enterrados en dos fosas del cementerio general de Huanta sin haber sido identificados.
En 2009, el Equipo Forense Especializado realizó trabajos arqueológicos en el cementerio, recuperando los cuerpos. Desde 2016, estos cuerpos han sido identificados y paulatinamente entregados a sus respectivas familias.
La investigación fiscal sostiene que estas personas fueron detenidas entre julio y agosto de 1984 en la comunidad altoandina San Antonio de Culluchaca por miembros de la Marina de Guerra del Perú. Estas detenciones, bajo acusaciones de terrorismo, culminaron en la desaparición y muerte de las víctimas.
El acto de restitución de los restos sigue siendo un testimonio del compromiso de las autoridades peruanas con la reparación y reconocimiento de las víctimas de una época marcada por la violencia.
Al término del acto de restitución, los ataudes fueron ceremoniados en cortejo fúnebre por sus familiares y autoridades presentes por los alrededores del parque central de Huanta. Posteriormente fueron trasladados a sus localidades, donde sus familias les darán una digna sepultura.
Conflicto armado interno
Entre 1980 y 2000, Perú vivió un periodo de violencia conocido como el conflicto armado interno, un enfrentamiento que involucró al Estado peruano y grupos terroristas, principalmente el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
El conflicto comenzó en 1980 cuando Sendero Luminoso, bajo el liderazgo de Abimael Guzmán, lanzó una insurgencia con el objetivo de instaurar un estado comunista. Sendero Luminoso utilizó tácticas de guerrilla y acciones terroristas para su campaña.
En respuesta, el Estado peruano desplegó fuerzas militares y policiales y adoptó políticas contrainsurgentes. En muchos casos, estas políticas resultaron en violaciones de derechos humanos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
La CVR estimó que el conflicto dejó aproximadamente 69,280 muertos y desaparecidos. Aproximadamente el 54% de las víctimas fueron atribuidas a Sendero Luminoso, mientras que también se documentaron ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas cometidas por el Estado.