La presidenta Dina Boluarte desistió de su recurso de apelación contra la resolución judicial que autorizó el allanamiento a su domicilio en Surquillo, cuyo objetivo era incautar los relojes Rolex. Operativo se ejecutó a finales de marzo de este año y estuvo a cargo de la Fiscalía y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional (PNP), división que entonces lideraba el coronel PNP Harvey Colchado.
El allanamiento a la vivienda de la presidenta fue noticia nacional e internacional, especialmente por el video en el que agentes de la Diviac usan un ariete para ingresar. Según el acta de allanamiento, se optó por usar el ‘torito’ debido a que las personas en el interior del inmueble no abrían la puerta, pese a la resolución del juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley.
El operativo fue calificado de “desproporcionado” e “inconstitucional” por el entonces abogado de Boluarte, el hoy investigado Mateo Castañeda, así como distintos ministros de Estado.
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La defensa de la mandataria apeló la decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, por lo que el recurso fue elevado a la Sala Suprema Penal Permanente que preside el juez supremo César San Martín.
La audiencia de apelación se programó para el 30 de abril a las 9:00 de la mañana. Sin embargo, la jefa de Estado desistió de su recurso por considerar que carecía de objeto seguir con la impugnación.
La defensa de Boluarte argumentó que, si bien el objetivo del allanamiento era dar con los relojes Rolex, para esa fecha, la Fiscalía ya le había incautado las joyas a Wilfredo Oscorima. Según la versión de la mandataria, el gobernador regional de Ayacucho fue quien le “prestó” los relojes.
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El Caso Rolex
Para la Fiscalía de la Nación, Boluarte aceptó las joyas de Oscorima a cambio de otorgar millonarias partidas presupuestarias a favor del Gobierno Regional de Ayacucho.
Al finalizar el plazo de las diligencias preliminares, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, decidió denunciar constitucionalmente a la presidenta por la presunta comisión de delito de cohecho pasivo impropio, mientras que la investigación preliminar respecto al delito de enriquecimiento ilícito se amplió por 8 meses.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio cuenta de la referida denuncia constitucional en la sesión del 4 de junio. Cumplido el lapso de 10 días hábiles, el grupo de trabajo deberá determinar si se admite a trámite o no.
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Dina Boluarte en cura de silencio
Este 18 de junio, Dina Boluarte cumplió 74 días sin ofrecer declaraciones a medios de comunicación.
Durante una inspección reciente en el Terminal Portuario de Chancay, a la que la prensa fue convocada, los periodistas fueron ubicados en un extremo del escenario y rodeados por personal de seguridad del Estado. Al término del evento, se les impidió aproximarse a las autoridades para realizar preguntas. Un reportero de Arriba Perú TV Digital denunció que los periodistas fueron retenidos hasta que las autoridades abandonaron el lugar.
Otra situación similar se dio el 31 de mayo, en el Simulacro Nacional Multipeligro 2024, donde periodistas fueron encerrados durante la actividad en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) condenaron estos hechos, calificándolos como “prácticas intimidatorias” y una “obstrucción a la actividad informativa.”
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Las similitudes con la administración de Pedro Castillo no pasan desapercibidas. Ambos líderes usaron estrategias similares para limitar la cobertura mediática durante actos públicos. Por ejemplo, en un evento en Jicamarca, un cordón policial evitó que los periodistas se acercaran a Castillo durante la entrega del subsidio económico Yanapay.
Las críticas no solo provienen de gremios periodísticos. Algunos miembros del gobierno, como la ministra de Cultura Leslie Urteaga y la exministra de Desarrollo Agrario y Riego Jennifer Contreras, han sugerido que las críticas hacia Boluarte podrían tener un sesgo de género. Sin embargo, la ministra misma y otros personajes del gobierno permanecen evasivos sobre cuándo la presidenta hablará nuevamente con la prensa.
El ministro de Educación, Morgan Quero, y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, han expresado la esperanza de que Boluarte dialogue con los periodistas a su regreso de un viaje a China, pero no han confirmado una fecha. Por su parte, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, defendió el silencio de Boluarte como un “estilo personal” de gestión.
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Estas restricciones a la prensa son vistas como un retroceso en la libertad de expresión y han sido ampliamente criticadas. Gremios periodísticos y distintas organizaciones continúan presionando para obtener acceso libre y sin restricciones a las actividades oficiales del gobierno.