La Comisión de Constitución y Reglamento, que preside Martha Moyano (FP), aprobó el dictamen que delega facultades al Ejecutivo en materias de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional. Este tuvo el respaldo de 13 legisladores a favor, 4 en contra y 4 abstenciones, por lo que será derivada al Pleno del Congreso para su discusión y votación.
¿Cuántas materias se aprobaron y cuáles destacan más?
De acuerdo al dictamen al que accedió Infobae Perú, el Ejecutivo solicitó facultades legislativas en 10 materias y 105 submaterias, de las cuales se le ha otorgado la mayoría con la restricción de 63 submaterias.
Una de las propuestas aprobadas es la que autoriza que se establezcan disposiciones para la declaración de necesidad pública e interés nacional a la intervención estratégica e integral en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay, así como establecer disposiciones especiales para su construcción y funcionamiento con el objetivo de facilitar el desarrollo de proyectos priorizados en los instrumentos de planificación territorial y urbana, entre otros.
El dictamen también delega facultades para establecer mecanismos de recaudación del impuesto general a las ventas (IGV) por aquellas operaciones realizadas con proveedores o intermediarios de bienes y servicios no domiciliados en el marco de la economía digital.
“Adaptar la regulación del impuesto, así como demás normativa tributaria, en lo que corresponda, lo que incluye principalmente modificar las reglas de responsabilidad del IGV, incluyendo las reglas de habitualidad, y las reglas sobre el lugar de imposición en el país, conforme con el principio de destino, siguiendo entre otros criterios las recomendaciones establecidas por la OCDE”, se detalla.
Del mismo modo, se plantea modificar la Ley N° 31557, que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, a fin de que, por ejemplo, se pueda regular aspectos vinculados a la inscripción en el RUC, al pago de la deuda tributaria, al cumplimiento de obligaciones formales y notificaciones de actos administrativos a través de medios electrónicos, tratándose de personas jurídicas constituidas en el exterior que exploten las plataformas tecnológicas.
Otra propuesta del Ejecutivo es la que plantea ordenar y fortalecer el proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal, reestructurando el proceso de formalización a través del fortalecimiento y mejora de la calidad regulatoria.
Asimismo, se delega facultades respecto a la modificación del Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635, con la finalidad de optimizar el tipo penal de difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios de contenido sexual. Asimismo, tipificar en la Ley de delitos informáticos, Ley 30096, respecto a contenidos generados con tecnología digital, así como el chantaje sexual derivado de estos.
¿Por cuánto tiempo?
El dictamen detalla que el Poder Ejecutivo tendrá la facultad para legislar, en las materias expresamente señaladas, por el plazo de 90 días calendario contados a partir de su entrada en vigencia. Se agrega que luego serán sujetos a control político por parte del Congreso de la República.
“Las medidas que se emitan en el marco de lo dispuesto en la presente ley no afectan la autonomía de gobiernos regionales y locales ni competencias de los organismos constitucionalmente autónomos que reconoce la Constitución Política del Perú. Tampoco vulneran derechos fundamentales ni procesos judiciales o administrativos en trámite. La inobservancia de lo dispuesto en la presente disposición genera responsabilidad política y/o funcional”, se precisa en una de las disposiciones complementarias.
Durante el debate, la congresista Adriana Tudela (Avanza País) mostró su preocupación por la delegación de facultades en materia tributaria que, a su juicio, no tiene mucha precisión y detalle. Asimismo, dijo que hay una insistente actitud del Ministerio de Economía en incrementar la recaudación sin que busque ampliar la base tributaria, es decir, incrementar la cantidad de personas que pasen al sector formal.
“Eso se logra con la inversión privada y generación de empleos, que es algo que el Ejecutivo no está abordando en el pedido de facultades”, alegó la parlamentaria.
Su colega Diana Gonzales (AP) lamentó que no se deleguen facultades legislativas en materia de formalización minera, pese a que el Congreso ha aprobado la prórroga del Reinfo a este diciembre del 2024.
“Eso no significa que haya una solución integral al proceso de formalización y perjudica a la minería formal e informal, para la tranquilidad social debe existir seguridad jurídica (…) solicito la posibilidad de que se delegue facultades legislativas en dicha materia, ya que el Ejecutivo debe asumir responsabilidad sobre la minería informal y crear un sistema concreto y seguro que permita la formalización”, manifestó.