El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) Raúl Pérez Reyes anunció hoy que su cartera retirará la demanda presentada, hace tres meses, ante el Poder Judicial para declarar nulo el acuerdo de exclusividad que le otorgaba a la empresa china Cosco Shiping los servicios del portentoso Megapuerto de Chancay (Huaral).
Con ello, Pérez Reyes espera que el consorcio chino dé su brazo a torcer y desista de la controversia judicial que inició contra el Estado, la cual podía devenir en un millonario arbitraje internacional.
“Cosco (Shipping) evalúa suspender el proceso y retirar la controversia presentada hace unas semanas contra el Estado peruano y que por su lado el MTC retirará la demanda”, añadió el ministro.
La decisión se tomó principalmente tras la firma del marco legal (Ley del Sistema Portuario Nacional) que aprobó el Congreso y que aseguraba la exclusividad de los servicios, lo que ayudará a prevenir problemas similares en el futuro, no solo con Cosco Shipping, sino también con otras empresas.
Desde la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso que preside el congresista Eduardo Salhuana, indicaron que buscan impulsar una norma que establezca garantías de estabilidad jurídica a las empresas que están invirtiendo en los diferentes puertos del Perú. Con la norma aprobada se llenaría el vacío legal y solucionaría el problema que implicaba a Cosco Shipping y al Estado peruano.
Cosco Shipping había advertido acciones judiciales contra el Estado
Recordemos que en su primer pronunciamiento público, la empresa de capitales chinos disparó contra “las interpretaciones de parte” difundidas en medios de comunicación que pretendían modificar la forma de la prestación de los servicios portuarios e imponer condiciones regulatorias aplicables a puertos operados por el Estado.
De acuerdo con Cosco, se vieron en la necesidad de iniciar acciones de índole legal para defender su modelo de operación y asegurar su clasificación como infraestructura privada, pese a los beneficios públicos que ofrece. En una carta enviada al Gobierno, indicaron que defenderán ante una acción judicial el derecho de Cosco Shipping a prestar los servicios portuarios en sus terminales, bajo la forma que fueron acordados al inicio de esta inversión (US$3.400 millones).
Ante ello, le dio al Estado peruano un plazo máximo de seis meses para negociar y resolver la controversia generada en torno a la exclusividad para operar en el megapuerto de Chancay, proyecto que comenzará a operar en noviembre de este 2024.
El consorcio chino consideró en la carta enviada al despacho del ministro de Economía José Arista, que recibieron un trato “manifiestamente injusto e inequitativo” por parte del Ministerio de Transportes, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN).
“Ha llegado la carta, no se ha respondido. Nuestra idea es que salga ya la segunda votación en el Congreso y con eso se tranquilicen los ánimos. Como país, siempre tratamos de vender la idea de que este es un país legalmente seguro, a nadie se le estafa y todo el mundo que no esté de acuerdo con las normas puede ir a un tribunal internacional”, se mostró confiado el titular del MEF hace un mes, anticipando un terreno auspicioso.
Fiscalía investiga a Cosco Shipping por presunta contaminación ambiental
De acuerdo a un documento que accedió Latina, Cosco Shipping Ports enfrenta una investigación de la Fiscalía Especializada de Prevención del Delito y Materia Ambiental de Huaral, por el presunto delito de contaminación ambiental en agravio del Estado por la construcción del megapuerto de Chancay.
La investigación surge a raíz de las denuncias presentadas por las ciudadanas Melissa Izquierdo del Río y María Vidal Huidobro en contra de la empresa. De acuerdo a la carpeta fiscal, Cosco no es la única empresa involucrada, también figuran China Railway, los consorcios Chancay, Checsac-CCC4TH y CISPDR Jinghua.