El Consejo de la Prensa Peruana presentó su informe mensual de libertad de expresión, documentando varios casos de agresiones contra periodistas y medios de comunicación durante el mes de mayo de 2024.
Entre los incidentes más destacados se encuentran el encierro de periodistas para evitar preguntas a la presidenta Dina Boluarte, las acusaciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, contra ciertos medios de prensa, y los insultos y amenazas proferidos por el congresista Jorge Flores Ancachi y el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández.
Durante una actividad oficial, la presidenta Dina Boluarte y su equipo de seguridad del Palacio de Gobierno encerraron a periodistas en una “sala de espera” para evitar que se le realizaran preguntas. Los periodistas solo pudieron salir del recinto una vez que la mandataria abandonó el lugar, marcando más de 50 días desde la última vez que Boluarte respondió a la prensa. Este hecho ha generado preocupación en torno a la libertad de prensa en Perú.
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En otro evento, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en un comunicado oficial de la Municipalidad de Lima, acusó a medios como La República y El Comercio de ser responsables del tráfico vehicular de la ciudad y formar parte de una red de corrupción que busca su destitución. Utilizando las redes sociales de la Municipalidad, López Aliaga llamó “pasquines” a estos diarios y los culpó del caos vehicular.
Esta reacción se dio después de que El Comercio publicara una investigación sobre la solicitud del alcalde para usar las vías exclusivas del Metropolitano, argumentando que el tráfico inmobiliario le impide cumplir con su agenda laboral.
Por otro lado, el congresista Jorge Flores Ancachi de Acción Popular amenazó e insultó al periodista Eduardo Quispe de Cuarto Poder en América TV. Durante la recolección de información sobre un presunto caso de corrupción dentro de su partido, Flores Ancachi llamó “imbécil” al periodista y lo amenazó con denunciarlo si la justicia no corroboraba sus hallazgos. Cabe destacar que Flores Ancachi ha sido investigado por tráfico de influencias y por exigir a sus trabajadores del Congreso entregar parte de sus sueldos.
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Finalmente, el suspendido alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, anunció una querella por difamación agravada contra los periodistas Juan José Bringas Céspedes y Alejandro Quispe Ortiz, del diario La Industria. Los periodistas publicaron un reportaje sobre presuntas irregularidades en obras durante la gestión de Fernández, quien demanda tres años de prisión y una reparación civil de S/.1.5 millones.
Rechazo a la normalización de ataques por autoridades a periodistas
El Consejo de la Prensa Peruana ha mostrado su rechazo al comportamiento de la presidenta Dina Boluarte hacia la prensa, así como a su renuencia a responder preguntas. La organización advirtió que la más reciente restricción impuesta a medios de comunicación recuerda las prácticas del expresidente Pedro Castillo, quien utilizaba a la policía para evitar ser cuestionado por periodistas.
Esta entidad también criticó la normalización de insultos, agravios y amenazas contra periodistas y medios de comunicación por investigar conflictos de interés y abusos de poder cometidos por políticos. Subrayaron que figuras públicas, como el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el congresista Jorge Flores Ancachi, deben mostrar tolerancia frente a críticas si pretenden ser verdaderos demócratas.
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En ocasiones anteriores, el Consejo también ha condenado los ataques verbales del exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, hacia la prensa regional. La organización mantiene su postura inalterable contra el uso indebido del sistema judicial para perseguir a los periodistas que ejercen su legítimo derecho a la fiscalización.