En plena época de secretismo que se vive por parte del Gobierno a través de la ausencia de respuesta de la presidenta Dina Boluarte a los medios de comunicación, ahora la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) ha emprendido una demanda contra el Minjusdh y contra una periodista, a fin de sentar un precedente ante la Corte Superior de Justicia de Lima para evitar rendir cuentas. ¿El motivo de la denuncia? Mantener en secreto las visitas de la zona residencial del Palacio de Gobierno que la jefa de Estado ha sostenido desde inicios de su gestión.
Un informe publicado este domingo en el diario Perú21 reveló una serie de acciones emprendidas por parte de la PCM, comandada por Gustavo Adrianzén, con las que no solo se trasgrede la capacidad de acceso a transparencia; sino que también contraviene a una decisión de una entidad adscrita al Ministerio de Justicia. Todo ello, bajo la consigna de evitar que se conozca quiénes visitan a la presidenta Dina Boluarte en el área residencial del Palacio de Gobierno.
¿Pero qué tanto esconde Dina Boluarte y la PCM que pueda valer una demanda a una entidad estatal? La respuesta es aún desconocida, pero de lo que existe un claro registro es de la manera en la que el Estado ha actuado para tratar de sentar el peligroso precedente de que no se sepa con quiénes se reúne una funcionaria pública de más alto grado en el país, pese a que es un derecho.
Cronología de una demanda que amedrenta funcionarios y periodistas
El hecho dio inicio en abril del año pasado, cuando se solicitó al Palacio de Gobierno que se entreguen los registros de visitas a todas las puertas de Palacio de Gobierno entre diciembre de 2022 y abril de 2023. Aunque se entregaron algunos registros, se omitieron los correspondientes a las puertas “Literatura” y “Residencia”.
En mayo del año pasado, y al no haberse entregado información sobre estas dos áreas de ingreso, el medio impreso requirió a Presidencia el registro de visitas de las puertas “Literatura” y “Residencia” del Palacio de Gobierno, en el que la presidenta también pasa tiempo pese a no haberse mudado completamente y mantener su domicilio en el distrito de Surquillo. En el pedido, se solicitaba que la presidenta rindiera cuentas respecto a las visitas suscitadas entre diciembre del 2022 y abril del 2023 pero específicamente de estas dos puertas.
Este pedido fue contestado siete días después, el 30 de mayo del 2023 por medio de la emisión de un documento del Despacho Presidencial en el que se denegaba el requerimiento. Ante esta denegatoria, dicho medio apeló ante el Tribunal de Transparencia, el mismo que le dio la razón al diario y ordenó al Despacho Presidencial la entrega de dicha información. Pero ciñéndose a una presunta directiva de ocultamiento, el área de transparencia de Presidencia solamente entregó un registro parcial de una de las puertas, la llamada “Literatura”.
Esta decisión se tomó el 31 de julio del 2023, tomando como base una directiva que implementó el expresidente Pedro Castillo para buscar que no se revelen estos datos pese a estar conforme a la Ley de Transparencia. Según presidencia, la información respecto al área de “Residencia” estaba comprendida en el “Plan de Seguridad de Palacio de Gobierno”, y por ende, era de carácter reservado.
Demandar para ocultar
Posteriormente, el 16 de agosto, la PCM demandó al Minjusdh argumentando que la residencia presidencial no es una entidad de la administración pública y ante la reiteración del pedido de acceder a información pública como un derecho fundamental reconocido en la Constitución; la PCM agregó a la periodista que realizó el requerimiento como una codemandada, bajo la denominación de “litisconsorte”.
Ante esta situación, el medio consultó directamente con la PCM, que sobre esta demanda sólo ha afirmado que “el caso es llevado por su procurador público“; el mismo que goza de autonomía para la competencia de sus funciones. ¿Quién es el susodicho procurador? Carlos Cosavalente quien sólo afirmó “no recordar el caso”, para luego proceder con la misma actitud de ocultamiento demostrada por Boluarte, sin responder las llamadas ni los mensajes que el medio realizó posteriormente.