La congresista fujimorista Tania Ramírez criticó este jueves a la Fiscalía de la Nación por formalizar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, imputada como autora de delito de cohecho pasivo impropio (soborno). En declaraciones a la prensa, la legisladora consideró que este patrón de comportamiento se ha vuelto característico de la institución.
Ramírez mencionó a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, acusada de lavado de activos en el caso ‘Cócteles’ por presuntos aportes ilícitos en las campañas electorales de 2011 y 2016. También se refirió a la destituida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, investigada por supuestamente liderar una red de tráfico de influencias.
Solo días atrás, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Angela Hernández, calificó la denuncia del Ministerio Público como un acto de acoso. La acusación presentada ante el Congreso será evaluada por la Comisión Permanente para determinar si hay suficientes indicios para admitirla.
Si se acepta, se formará una Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar y emitir un informe, que luego será debatido y votado por la Comisión Permanente. De obtener luz verde, el pleno revisará la acusación, lo que podría llevar a la suspensión o destitución de la mandataria y un juicio político.
El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), una organización feminista, emitió una enérgica respuesta al respecto y subrayó que la transparencia es crucial en una democracia. “Exigir rendición de cuentas no es acoso político. No, señora ministra, la presidenta Dina Boluarte no es víctima de acoso. Es su obligación rendir cuentas al país y nuestro derecho es exigírselo por transparencia”, señaló.
“Si a usted, señora ministra, le preocupa la situación del acoso en el país, debe pronunciarse contra el hostigamiento político que muchas mujeres que son autoridades vienen sufriendo constantemente”, invocó. En marzo pasado, cuando La Encerrona destapó el denominado ‘Rolexgate’, las ministras Leslie Urteaga (Cultura) y Jennifer Contreras (Desarrollo Agrario y Riego) señalaron que la investigación tenía motivaciones de género.
Rocío Gutiérrez, subdirectora de la organización feminista Manuela Ramos, dijo entonces a Infobae Perú que ser mujer en un cargo de poder no garantiza la defensa de demandas y la superación de desigualdades, aunque rechazó con rigor la instrumentalización de la lucha feminista.
“En este caso viene de una mujer que, además, ostenta el cargo más importante del país. Entonces, argumentar que las demandas porque la presidenta dé cuentas [...] tengan que ver con machismo es absolutamente erróneo. Lo rechazamos totalmente”, zanjó.