Juan Carlos Castro, ministro del Ministerio del Ambiente (Minam), señaló la posibilidad de permitir la pesca industrial en la Reserva de Paracas. Actualmente, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) se encuentra en un proceso judicial contra el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernarp) para anular la norma que prohíbe esta actividad.
Castro indicó que si la SNP logra demostrar en el Poder Judicial que realizaba actividades pesqueras industriales en la reserva antes de su designación como área protegida, se les restituirán “los derechos adquiridos”. “Entiendo que al judicializarlo tendrán las evidencias, y esperamos que el Poder Judicial pueda determinar si esos derechos son reales, que tuvieron el derecho antes de la creación del área protegida”, declaró el ministro en una entrevista con Canal N.
En 2023, la SNP solicitó al Sernarp el reconocimiento de la pesca industrial en la Reserva de Paracas. No obstante, Sernarp, dependencia del Minam, rechazó el pedido argumentando que dicha actividad contraviene los objetivos para los cuales fue creada la reserva.
La controversia surge porque la SNP, que vela por los intereses del sector pesquero, asegura que la pesca industrial se practicaba legalmente en la zona antes de que la misma fuera declarada área protegida. Esta disputa legal tiene como eje la interpretación de derechos adquiridos y el balance entre la explotación económica y la conservación ambiental.
La demanda judicial de la Sociedad Nacional de Pesquería
En enero de 2023, la Sociedad Nacional de Pesquerías (SNP) presentó una demanda judicial para declarar nulo un artículo que prohíbe la pesca industrial en Áreas Naturales Protegidas. La acción legal se dio después de que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) rechazara la solicitud de la SNP para pescar dentro de la Reserva Nacional de Paracas.
La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima aceptó a trámite el proceso. La SNP sostiene que tiene derechos de pesca anteriores a la creación de la reserva en 1975 y que el plan maestro del área protegida excluyó “sin sustento” a las actividades pesqueras industriales.
El Sernanp rechazó la solicitud de la SNP argumentando que la reserva solo registra actividad pesquera artesanal. La entidad advirtió que permitir la pesca industrial “generaría una disminución en la disponibilidad de alimento para las aves y mamíferos, perjudicando sus procesos reproductivos y recuperación de sus niveles poblacionales”, y agregó que esta práctica estaría en contra de los objetivos de conservación de la Reserva Nacional de Paracas.
Abogados, científicos y expertos consideran la acción de la SNP como una amenaza a la biodiversidad. Señalan que, de concretarse, representaría una acción ilegal. Manuel Bartra, director legal de la Asociación por el Rescate y Bienestar de los Animales (ARBA), expresó su indignación, calificando la solicitud de “uno de los casos más grotescos de codicia corporativa de las últimas décadas”.
Esto se dijo en la última audiencia
En la audiencia de la Segunda Sala Constitucional de la Corte de Lima, el abogado Samuel Abad, representante de la SNP, solicitó al magistrado Roberto Vilchez Dávila que se declare nula la directiva 062021 emitida por el Sernanp en 2022. Abad argumentó que la Ley de Áreas Naturales Protegidas no precisa la prohibición de la pesca industrial en estas zonas.
Contradiciendo a Abad, el procurador del Estado Luis Alberto Huerta, representante del Sernanp, explicó que la prohibición está vigente desde 2001. “El reglamento señala expresamente que está prohibida la pesca industrial o a mayor escala en las ANP desde hace más de 20 años. Lo que hace la directiva del 2022 es reiterar esta prohibición”, afirmó Huerta en la audiencia.
Huerta aclaró que esta normativa es conocida por la SNP y que el plazo de 5 años para cuestionar el reglamento de 2001 ya ha vencido, motivo por el cual la SNP busca cuestionar la directiva de 2022. Según el procurador, el objetivo detrás de la demanda de la SNP es permitir la pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas, lo cual, según especialistas en derecho ambiental, sería “un gran atentado contra el medio ambiente”.