El Gobierno del Perú aprobó el Decreto Supremo 009-2024 el último viernes 10 de mayo, que ha generado rechazo al incluir categorías relacionadas con la identidad de género y orientación sexual dentro de clasificaciones de trastornos mentales. Esta normativa —firmada por la presidenta Dina Boluarte; el ministro de Salud, César Vásquez; y el ministro de Economía y Finanzas, José Arista— califica a la población trans y las dudas en torno a dichos temas como condiciones de salud mental.
El documento en cuestión se basa en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según detalló el Ministerio de Salud (Minsa), pese a que ya hay una más actual. En un diálogo con Infobae Perú, Fhran Medina, abogado con maestría en derechos humanos y presidente de la organización Más Igualdad, explicó las medidas a adoptar con el objetivo de exigir la derogación del DS.
Advierten casos de discriminación
Medina revela que la puesta en marcha del Decreto Supremo 009-2024 ya está teniendo consecuencias directas, puesto que desde la ONG que representa han recibido denuncias por discriminación de género y orientación sexual en ámbitos educativos y laborales, principalmente contra personas que forman parte de la comunidad trans.
En medio de este complejo panorama, el abogado también da a conocer que este miércoles 15 de mayo se llevará a cabo una reunión de manera interna entre una representante de las Organizaciones Unidas (ONU) en el Perú y el Minsa para abordar el tema, con lo que se espera que se dé pie a la instalación de una mesa de trabajo.
Convocan a plantón en el Minsa
De esta manera, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, que se conmemora cada 17 de mayo, colectivos a favor de los derechos de la comunidad LGBTQIA+ invitan a un plantón en las afueras del Minsa, bajo el lema “¡𝗠𝗶 𝗗𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼 𝗮 𝗹𝗮 s𝗮𝗹𝘂𝗱 𝗻𝗼 𝗲𝘀 𝘂𝗻𝗮 e𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗲𝗱𝗮𝗱!”.
La cita es este viernes a partir de las 3.00 p.m. en la av. Salaverry 801. De acuerdo a Medina, la convocatoria inicial será en la mencionada fecha; sin embargo, se evaluará la respuesta del Gobierno frente las acciones adoptadas para continuar llamando a la movilización ciudadana.
Llegarán a instancias internacionales
En esa misma línea y desde el ámbito legal, el especialista explica que se ha formado una coordinadora nacional de varias organizaciones de todas las regiones para que se pueda establecer un contacto directo con el objetivo de tomar acción sobre el tema, principalmente a través de varias organizaciones, entre las que se encuentran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Finalmente, recuerda que —de obtener una respuesta positiva de parte de estas instancias— el Estado peruano está obligado a cumplir cierta normativa, los cuales no se está haciendo. “Es importante recordar que Perú ya ha sido sancionado por la Corte Interamericana en dos oportunidades: en el caso azul y en el caso Cristian Olivera”, concluye.