La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, anunció la reestructuración Estímulos Económicos para Fomento de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual. Esta decisión se da tras diversos pedidos del Congreso de la República, que insistían en cambios en la normativa actual del cine, luego del estreno de películas sobre las épocas del conflicto armado interno
Entre los proyectos de ley más destacados se encuentran las de Adriana Tudela, integrante de Avanza País, y Patricia Juárez, de Fuerza Popular, quienes han propuesto desviar los fondos actualmente destinados al cine hacia las postas médicas para combatir la pobreza. Por otro lado, Alejandro Muñante, miembro de Renovación Popular, ha introducido mociones de censura y sugerido la inclusión de militares en los jurados encargados de definir los incentivos, especialmente en lo concerniente a los contenidos de las ficciones.
La intención detrás es “vigilar” de cerca los contenidos, según argumentan los parlamentarios. Esto ha puesto sobre la mesa un debate sobre el papel del estado en la regulación de los contenidos culturales y la asignación de los recursos financieros.
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Cabe resaltar que estos Estímulos Económicos son “una política de financiamiento a proyectos cinematográficos y audiovisuales, así como de las artes escénicas, artes visuales, la música, el libro y fomento de la lectura, con la finalidad de promover una amplia diversidad de expresiones culturales”.
Urteaga señaló que esta medida de restructuración en los estímulos buscará ser inclusivo y participativo, involucrando a todos los actores relevantes del sector en su desarrollo mediante el Laboratorio de Innovación Cultural.
Esta acción tendría como fin responder a críticas recientes provenientes del Parlamento y de diferentes sectores políticos, los cuales han cuestionado las temáticas de algunas producciones financiadas, sugiriendo un sesgo ideológico y una distorsión de la historia del Perú.
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El congresista Alejandro Muñante ha propuesto una moción para crear una comisión que investigue la asignación de estos fondos entre los años 2011 y 2023, con el propósito de evaluar si se han alcanzado los objetivos educativos y de promoción de la imagen del país establecidos por la ley.
En defensa del cine peruano
En un reciente pronunciamiento, el colectivo En defensa del cine peruano ha expresado su postura frente a lo que consideran un ataque coordinado contra la industria cinematográfica nacional. A través de un comunicado firmado por diversas personalidades y profesionales del sector, se hizo énfasis en el papel crucial que desempeña el cine en la construcción de la identidad y memoria del Perú, así como en la solidaridad con Joel Calero, director de la película “La piel más temida”, y su equipo, quienes han sido blanco de críticas en redes sociales. Este hecho no es aislado, ya que producciones que abordan temáticas de violencia política, convulsiones sociales o relatos LGTBIQ+ han experimentado ataques similares.
El pronunciamiento indica que los ataques mencionados son parte de una campaña más amplia dirigida por sectores conservadores de extrema derecha. Estos grupos han utilizado la estrategia del “terruqueo”, un término local que denota acusaciones infundadas con el objetivo de desacreditar, para afectar la reputación de las producciones cinematográficas y justificar actos violentos contra ellas.
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Además, se destaca que esta campaña busca restringir la libertad de expresión artística y promover una visión uniforme de la sociedad, lo cual va en detrimento del pensamiento crítico y de la riqueza cultural.
Adicionalmente, el comunicado resalta el avance del cine peruano gracias a políticas de Estado que han fomentado su descentralización, permitiendo la creación y difusión de películas en todas las regiones del país. Esta estrategia ha contribuido al reconocimiento y valoración de la interculturalidad peruana en el panorama cinematográfico nacional e internacional.