La Comisión de Constitución del Congreso reprogramó el análisis del polémico proyecto del congresista Wilson Soto, de Acción Popular, que busca reinstaurar la inmunidad parlamentaria, una prerrogativa que fue eliminada en 2021 por una reforma constitucional luego de un intenso debate debido a su posible uso como escudo para proteger a los congresistas de procesos judiciales durante su mandato.
En esta sesión, se debía de escuchar la opinión de expertos, incluyendo al expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, al abogado constitucionalista Aníbal Quiroga y al exoficial mayor del Congreso, José Cevasco.
Debido a la ausencia de Wilson Soto, quien debía de exponer los motivos de su iniciativa, la presidenta del grupo de trabajo parlamentario, Martha Moyano, suspendió el desarrollo del tema y anunció que este será reprogramado para ser visto en la próxima sesión.
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El proyecto del parlamentario Soto fue presentado en agosto de 2023 con el apoyo de legisladores implicados en el caso ‘Los Niños’. Esta iniciativa legislativa propone modificar el artículo 93 de la Constitución para restringir, nuevamente, la posibilidad de procesar o arrestar a los congresistas sin autorización previa del Congreso o la Comisión Permanente, excepto en casos flagrantes.
Proyecto genera controversia: ¿Un retroceso en la lucha contra la corrupción?
El Proyecto de Ley 5652/2023-CR que fue ingresado a la Comisión de Constitución, ha desatado un intenso debate sobre los límites del Poder Legislativo y su relación con el sistema de justicia. Diversos analistas advirtieron que la inmunidad parlamentaria ha sido históricamente utilizada como un mecanismo de impunidad, permitiendo que legisladores eludan la responsabilidad ante la justicia por presuntos actos ilícitos.
“Pese a que el concepto general de la inmunidad parlamentaria es positivo, en este momento hay investigaciones que sugieren la posibilidad de varios parlamentarios implicados en delitos,” afirmó Jorge Jáuregui, abogado en derecho electoral, quien fue consultado por RPP.
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De acuerdo a las razones presentadas por el parlamentario de Acción Popular en su proyecto de ley, el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria “es necesario para proteger la labor de fiscalización y control político de los congresistas frente a denuncias de poderes fácticos que podrían coartar su independencia”.
Al respecto, el politólogo Alejandro Boyco indicó, también a RPP, que la aprobación de la iniciativa sería un retroceso en la lucha contra la corrupción y podría extender la cultura de impunidad en el Estado. “Si es que esto fuera trasladado de manera constitucional (...) la búsqueda de justicia sería mucho más complicada,” sostuvo.
El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, se sumó a las voces críticas argumentando la falta de justificación para un regreso a la inmunidad parlamentaria. “Es un proyecto equivocado, una pésima técnica legislativa, insólitamente presentada por quienes están siendo investigados,” destacó el letrado haciendo mención a los congresistas implicados en el caso ‘Los Niños’, a quienes señaló de votar no por convicción, sino por intereses particulares.
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El debate sobre la inmunidad parlamentaria se centra en la idea de que esta prerrogativa otorga un trato privilegiado a los congresistas, lo cual contradice el principio de igualdad ante la ley. Reconocidas figuras como Francisco Eguiguren y Cesar Landa también han expresado su apoyo a limitar o eliminar por completo esta protección legal.
¿Qué dice el proyecto de ley?
El proyecto de ley propone modificar el artículo 93 de la Constitución Política del Perú para incorporar el siguiente texto: “Los congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso de la Comisión Permanente, durante el ejercicio de su mandato, excepto por delito flagrante”.
La propuesta también establece que el Congreso tendrá la facultad de autorizar, en un plazo máximo e inapelable de 30 días calendario, tanto la detención como el inicio del juicio contra los parlamentarios en casos de delitos flagrantes. De no recibir respuesta en dicho período, se aplicará automáticamente lo que se conoce como “silencio administrativo positivo”.
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Este ajuste en la Carta Magna tiene como objetivo reinstaurar un resguardo legal para los legisladores que, según sus defensores, resulta fundamental para su labor de supervisión del gobierno.