La reciprocidad, entendida como una devolución o compensación, bien podría llevarnos hacia un mayor bienestar general; pero, frente a hechos y respuestas que van en dirección contraria, dicho concepto se entendería como represalia o venganza.
En los últimos días, el Gobierno de México decidió imponer la exigencia de visa temporal para los ciudadanos peruanos que decidan viajar a su país, a partir del próximo 20 de abril. Dicha medida se habría tomado como respuesta a un aumento sustancial en el número de peruanos que entraba en su territorio con inconsistencias en su documentación y que no serían turistas.
Por su parte, el Gobierno peruano, no obstante que inicialmente suspendió la exención de la visa de turismo y negocios para mexicanos, quienes hubiesen tenido que tramitar una visa para ingresar al Perú desde el próximo 23 de abril, afortunadamente horas más tarde dio marcha atrás. Hizo bien el Gobierno en retractarse, más aún por lo que representan el turismo para la economía peruana y los turistas mexicanos para el sector.
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En 2023, al Perú ingresaron 2.5 millones de turistas internacionales, lo que implica una recuperación de solo el 57.7% frente al nivel prepandemia, según la Superintendencia Nacional de Migraciones. Según el BCRP, en 2023, las divisas por turismo receptivo sumaron US$ 3,606 millones, lo que refleja una recuperación del 75.4%. Asimismo, el empleo vinculado al sector es de 1.2 millones de trabajadores, un 21% menos que en 2019; es decir, faltarían recuperar más de 300,000 empleos. Y, hacia 2019, el turismo aportó, en promedio, un 3.9% al PBI total. Al cierre de 2023, el aporte del turismo al PBI ascendió a 2.5%, 1.4 puntos porcentuales menos que en 2019.
Si bien los turistas mexicanos representan apenas un 3% del total de turistas extranjeros que llegan a nuestro país, alrededor de 76,300 en el último año, de acuerdo con PromPerú, ellos gastan en promedio US$ 1,161 durante su viaje. Tomando como referencia que faltan recuperar 52,529 turistas mexicanos con relación a los valores prepandemia, el Perú habría dejado de percibir US$ 61 millones en 2023.
Si el Perú hubiese respondido con la misma moneda, habría atentado contra los ingresos de cientos de miles de personas que trabajan directa e indirectamente en el turismo. Peor aún, hubiese sentado un mal precedente en lo que se refiere a decisiones de política, dejando entrever que tomar represalias sería mucho más valorado por el Gobierno, que el potencial impacto negativo de las mismas.
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Haber contestado el accionar del Gobierno mexicano con una medida similar habría contribuido a empeorar las relaciones bilaterales, más aun dando una señal negativa al mundo sobre la relación que existe entre integrantes de la Alianza del Pacífico, y atentando contra el libre tránsito de personas entre ambos países.
Toda decisión de política debe estar justificada en un análisis costo-beneficio, y así finalmente determinar lo que sería beneficioso o no para la economía en su conjunto, y, en este caso en particular, para el bienestar general de un sector aún en recuperación como el turismo. Actuar con represalia no siempre es bueno para todos; y, como sostuvo Gandhi: “ojo por ojo y el mundo quedará ciego”. Bien por el Gobierno peruano, bien por la Cancillería.