¿Un nuevo derecho? La congresista Margot Palacios, con el respaldo de su bancada Perú Libre, presentó un proyecto de ley a fin de reconocer e incorporar en la Constitución Política del Perú el derecho a la vivienda digna.
Para ello, plantea modificar el numeral 1 del artículo 2 de la carta magna, a fin de que precise lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El derecho a la vida implica el derecho a una vivienda digna, adecuada, funcional y confortable. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”.
La iniciativa apoyada por Waldemar Cerrón, Kelly Portalatino, Isaac Mita, Flavio Cruz, María Taipe y María Agüero, justifica su origen ante el déficit de hogares que alcanza las casi 400 mil casas, según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial.
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Asimismo, en que el acceso a la vivienda está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
“En la realidad directa, el déficit en vivienda es la cuantificación de una afrenta a la dignidad humana y un incumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Asimismo, la falta de acceso a los servicios básicos de los pobladores viene afectando directa e indirectamente a gran parte de la población a la que el reconocimiento constitucional del derecho de acceso a la vivienda le brindaría el soporte jurídico necesario para poder superar esta problemática”, menciona el documento.
Agregó que, de acuerdo a un informe del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el Perú, a julio de 2017, existía un déficit de 1′800,000 viviendas’, entre familias que no tienen una vivienda o permanecen en una vivienda que se encuentra precaria. “Para ese año, el Perú ocupó el tercer puesto a nivel de Latinoamérica con el mayor déficit de vivienda (luego de países como Nicaragua y Bolivia)”, enfatizó.
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¿Qué implica?
Ante el crecimiento de la población urbana, insuficiencia de programas sociales y amplio déficit referido a la titulación de terrenos existentes que cuenten con los servicios básicos de saneamiento, la iniciativa propone dar un marco constitucional que garantice el acceso adecuado a una vivienda.
Con esto, se espera reducir los altos índices de informalidad en este sector y déficit de vivienda existentes en espacios urbanos. Además, se pretende corregir la problemática del fenómeno de las invasiones que, en vez de desterrar el déficit de la vivienda, empeoró el problema, “por cuanto han ingresado a este indebido e ilegal negocio bandas organizadas existentes en todos los niveles de gobierno que imposibilitan que el Estado realice una adecuada formalización de la posesión informal”.