Mediante el Decreto Supremo N° 058-2016-RE, Perú formalizó la ratificación del Acuerdo de París. Este documento representa la coalición internacional más amplia en la historia, dirigida a abordar los desafíos del cambio climático. Es importante destacar que Perú ostenta el mérito de ser el primer país de Hispanoamérica en ratificar dicho acuerdo.
Han transcurrido ocho años desde que se asumió el compromiso de cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este contexto, resulta imperativo realizar una reflexión crítica sobre el progreso logrado hasta la fecha.
Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hasta la fecha presente, solo el 15% de los objetivos han sido implementados, lo que resalta que más del 50% de las metas se consideran insatisfactorias y un 30% se encuentran estancadas o han experimentado retrocesos. Este análisis revela que, además de los desafíos centrales relacionados con la erradicación de la pobreza y el hambre, persisten problemas ambientales en el Perú que aún no han sido abordados de manera adecuada.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) revela que, anualmente, se generan más de 400 millones de toneladas de plástico a nivel global, con la mitad de este volumen diseñado para un solo uso. Sin embargo, menos del 10% de esta cantidad total es reciclada. En América Latina y el Caribe, 27 de las 33 naciones que la componen han promulgado leyes orientadas a la reducción, prohibición o eliminación de plásticos de un solo uso, incluyendo el Perú, que implementó la Ley N° 30884 en 2018.
A pesar de estos esfuerzos normativos, la evaluación de 2022 señala que, de las 89 medidas establecidas, solo se ha evidenciado la implementación del 33%, mientras que un 22% está en proceso. El porcentaje restante carece de información disponible. En el contexto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 (ODS 12) - Reducción y Consumo Responsable, se plantea la reducción significativa de residuos mediante el reciclaje. Sin embargo, es crucial destacar que abordar la crisis del plástico no se limita a fomentar el reciclaje. Es imperativo priorizar la prevención y fortalecer la responsabilidad extendida de los productores para favorecer la introducción de productos más sostenibles en el mercado. Además, la educación de los consumidores es fundamental para que tomen decisiones informadas y elijan opciones más sostenibles en el mercado.
Con relación al desafío planteado por el cambio climático, durante el verano de 2024 se experimentan elevadas temperaturas que superan los 35 °C en diversas ciudades del Perú. Se proyecta que esta condición persistirá hasta el año 2050, como consecuencia de un estimado aumento significativo y generalizado de 1.7 a 3.5 °C en la temperatura promedio anual del país, según las evaluaciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
Ante este escenario, se torna imperativo implementar medidas que faciliten la adaptación de las comunidades urbanas a los efectos del cambio climático, en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13: Acción por el Clima. Una de estas medidas destaca la necesidad de incrementar la cantidad de áreas verdes en las zonas urbanas. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destaca que la ubicación estratégica de árboles puede contribuir significativamente a la reducción de la temperatura, con un impacto estimado entre 2 y 8°C.
No obstante, la realidad actual revela una situación inquietante que insta a las autoridades a tomar acciones inmediatas. Actualmente, solo los departamentos de Lima, Arequipa y Tacna superan ligeramente los 3 m^2 de área verde por habitante. Esta cifra no se alinea adecuadamente con el ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, que busca garantizar el acceso universal a áreas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. Por lo tanto, es necesario abordar esta disparidad y priorizar la creación de entornos urbanos más sostenibles y resilientes al cambio climático.
Perú, reconocido por su condición de país megadiverso, destaca por su vasta extensión de bosques amazónicos, ocupando la segunda posición mundial en este aspecto. Lamentablemente, en los últimos años, estos ecosistemas han enfrentado desafíos significativos derivados de prácticas de deforestación asociadas principalmente con actividades ilegales como la tala y minería, así como la intensificación insostenible de la agricultura y la ganadería, además de episodios de incendios forestales. En el año 2022, la deforestación afectó más de 144 mil hectáreas, mientras que los incendios forestales causaron la pérdida adicional de 16 mil hectáreas. Estas acciones no solo degradan significativamente el entorno sino que también impactan negativamente a las comunidades nativas.
En consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 15, centrado en la vida de los ecosistemas terrestres y destinado a promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, en Perú se han implementado nuevas tecnologías para combatir la deforestación mediante el monitoreo en tiempo real. Sin embargo, la reciente modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre marca un retroceso en los esfuerzos de protección de los bosques. Los cambios, que incluyen la omisión de permisos como la zonificación forestal y la exclusión del Ministerio del Ambiente en los procedimientos, facilitan la regularización de invasiones y deforestaciones, vulnerando el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. Este cambio normativo pone en riesgo la integridad de los bosques y la preservación de la biodiversidad, así como la protección de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas.
En último término, uno de los desafíos más significativos en el ámbito ambiental de nuestra nación reside en la gestión adecuada de los residuos sólidos. Aunque las estadísticas de generación siguen en aumento, las medidas destinadas a asegurar una gestión eficiente no han avanzado de manera proporcional. Esta situación se evidencia en la disposición inadecuada de los residuos, la prevalencia de la informalidad en este ámbito, las prácticas inapropiadas de la población, la omisión del pago de arbitrios por limpieza pública, la corrupción entre funcionarios, la designación de autoridades sin experiencia encargadas de decisiones técnicas en su jurisdicción, y la falta de integridad al reportar información por canales oficiales, entre otros factores. Este escenario representa un riesgo latente tanto para la salud humana como para el medio ambiente.