La decisión del Congreso de la República de remover del cargo a dos jueces miembros de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello de Ñecco y Aldo Vásquez, quienes estaban encargados de las investigaciones en contra de la suspendida fiscal, Patricia Benavides; ha generado un efecto de rechazo en el ámbito internacional. Ello, luego de que se alertara una serie de faltas al Reglamento interno del Congreso al momento de la votación con las que se habría logrado a inhabilitación por 10 años de ambos magistrados.
Como resultado de esta polémica, tanto instituciones nacionales como internacionales emitieron una serie de pronunciamientos, advirtiendo que lo que habría ocurrido en el Legislativo el último jueves 7 correspondería a un “claro acto de quebrantamiento del equilibrio de poderes”. Entre estas organizaciones se encuentra la institución Human Rights Watch, que ha descrito la votación del pleno contra los siete miembros de la JNJ y la posterior remoción de dos de ellos constituye a un “avasallamiento del Estado de derecho”.
En su pronunciamiento, revelado este lunes 11 de marzo, no solo consideró que “el Congreso ha debilitado gravemente a uno de los últimos organismos independientes en pie que podría servir de contrapeso frente a sus prácticas abusivas”; sino que también requirió que estos abusos sean llevados ante la Organización de Estados Americanos (OEA), a fin de que se tenga en cuenta esta situación.
“La decisión del Congreso del Perú de remover arbitrariamente a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) atenta gravemente contra la independencia judicial, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch. La Organización de los Estados Americanos (OEA) debería convocar a una sesión de su Consejo Permanente para abordar los continuos ataques a la independencia judicial en el país”, se lee en el comunicado de dicha organización encargada de revisar que ningún estado incurra en graves violaciones a los derechos humanos.
Congreso buscaría “impedir investigaciones sobre prácticas irregulares”
El pronunciamiento recoge las afirmaciones de Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, quien reveló lo que para muchos ciudadanos peruanos era un hecho, pero que desde el extranjero no se había detallado claramente: la existencia de presuntas prácticas irregulares dentro de esta institución de manera sistemática.
Así, Goebertus advirtió ante instancias internacionales que “los congresistas parecen estar tratando de impedir investigaciones que pueden ofrecer pruebas de sobre sus prácticas irregulares y de influir indebidamente en el nombramiento de jueces y fiscales”. Señalando que una acción como la perpetrada el pasado jueves “abre la puerta a la influencia política en el sistema de justicia y electoral; y pone en peligro el derecho al voto”.
En ese sentido, el comunicado reveló también que los intentos del Legislativo por culminar con la gestión de los siete miembros y que aleja a dos magistrados del cargo, es la culminación de una serie de intentos por llevarse abajo a la JNJ. “El Congreso llevaba meses intentando remover, por diversos medios, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, cuyos mandatos finalizan en enero de 2025″, se lee en el pronunciamiento.
HRW relaciona remociones de la JNJ como una defensa a Patricia Benavides
La explicación que esta organización internacional ofrece para las constantes arremetidas de este poder del Estado en contra de la JNJ es el intento de protección a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien recientemente ha sido señalada ante la fiscalía suprema del Ministerio Público como la cabecilla de una organización criminal en la que también están implicadas dos congresistas del Parlamento, Patricia Chirinos y Martha Moyano.
Como se sabe, para que Benavides pueda haber sido investigada en la Fiscalía de la Nación, la JNJ tuvo que realizar un proceso de remoción inmediata, pues la titular del Ministerio Público habría mostrado intenciones de obstaculizar el desarrollo de las investigaciones. Y fueron, específicamente, Inés Tello y Aldo Vásquez, quienes realizaban las pesquisas contra la suspendida funcionaria.
“Estos esfuerzos (por remover a la JNJ) parecen haberse acelerado después de que un equipo de fiscales anticorrupción denunciara, en noviembre de 2023, que la entonces Fiscal de la Nación Patricia Benavides habría cerrado investigaciones contra congresistas para influir en las decisiones del Congreso”, se advierte en el comunicado. Es en este mismo en el que se señala sobre el Legislativo que “en lugar de servir a la ciudadanía, muchos congresistas en el Perú parecen decididos a abusar de sus cargos para perseguir sus intereses personales, así destruyan en el camino los derechos humanos y la rendición de cuentas propias de una democracia”.
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