El pasado 1 de marzo de 2024, la congresista Janet Milagros Rivas, de la bancada de Perú Libre, presentó un proyecto de ley que pretende modificar la estructura del consejo directivo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
En el contenido de la iniciativa legislativa, se lee que la congresista busca modificar el artículo 11 del decreto legislativo 1328, que trata sobre el fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y el INPE.
Lo que quiere es agregar al consejo directivo del INPE un representante de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, así como un trabajador del INPE y un representante del Ministerio Público. También se sugiere que un representante del Ministerio de Justicia y otro del Ministerio del Interior formen parte de esta instancia.
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Cabe resaltar que actualmente el decreto legislativo 1328 indica que el consejo directivo del INPE está integrado por los ministros de Justicia y Derechos Humanos y del Interior; sin embargo, no admite que los ministerios, como instituciones, tomen decisiones en ese nivel.
Rivas busca mediante su proyecto de ley que también se incluya la participación de los ministerios de Trabajo, Educación y Salud, aunque precisó que no tendrían que integrar el consejo directivo del INPE para dar sus apreciaciones.
Respecto a la inclusión de un representante de los trabajadores del INPE, se argumenta que estos deben estar presentes en el consejo directivo debido a su conocimiento directo de la realidad del sistema penitenciario, al estar involucrados en su día a día.
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Ampliarán penales y crearán nuevos en distintas regiones del Perú
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) propuso un plan para enfrentar el problema del hacinamiento en las cárceles. La entidad aseguró que ampliarán y construirán nuevos establecimientos penitenciarios en diversas regiones del país. Según informes proporcionados al diario La República, este esfuerzo implica la edificación de nuevas prisiones en Cajamarca, Huánuco, Lima y Huancavelica, así como la expansión de penales existentes en Trujillo, Arequipa y Loreto. Para ello, invertirán S/1.631 millones de soles.
Esta decisión surge como respuesta a una orden del Tribunal Constitucional (TC) emitida en 2019, que estableció un ultimátum para el año 2025. En ese sentido, se les instó a superar el estado de hacinamiento inconstitucional en el sistema penitenciario. De no cumplirse, se ordenará el cierre de seis reclusorios críticos, entre ellos, los ubicados en Chanchamayo, Jaén, Callao, Camaná, Abancay y Miguel Castro Castro, caracterizados por sus preocupantes niveles de sobrepoblación.
El presidente del INPE, Javier Llaque Moya, compartió detalles con el medio impreso sobre los planes en marcha para abordar esta crisis. Durante este año y el próximo, se tiene prevista la construcción de nuevos pabellones en las cárceles de Abancay y Arequipa, además de proyectos ya en curso que incluyen ampliaciones en Chimbote, Lampa, Puno y la construcción de un nuevo pabellón en Iquitos.
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Llaque Moya también resaltó la finalización de expedientes técnicos y la garantía de financiamiento para nuevos centros penales en Venado Pampa, Huánuco, Ancón III en Lima y el centro de readaptación Shumba en Cajamarca. Se espera que las obras comiencen en febrero de 2025, con el objetivo de finalizarlas para septiembre de 2026.