Las palabras de Dina Boluarte a los pobladores de Trujillo no trajo consuelo ni esperanza, sino más bien una cruda realidad que sacude a toda la población, especialmente en el norte del país. La inseguridad ha aumentado en las calles, y los ciudadanos claman por ayuda en medio de un panorama cada vez más grave. Hospitales desbordados, escasez de agua y la constante amenaza de la delincuencia organizada viene sumiendo a la ciudad en un estado de desprotección total.
A pesar de que esta región, junto con Pataz, fue declarada en estado de emergencia tras la solicitud del Gobernador regional de La Libertad, César Acuña, los actos delictivos y las extorsiones persisten sin disminuir. La población, desconfiada del discurso de la mandataria y demandan medidas concretas para hacer frente a la crisis que los afecta diariamente.
El mayor pedido de los trujillanos
Entre los reclamos que resuenan con mayor urgencia se encuentra el de la seguridad. En su discurso, la Presindeta de la República prometió tranquilidad, pero sus palabras aún no logran calmar los temores que acechan a los habitantes de Trujillo.
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Desde la provincia de Trujillo, declarada en estado de emergencia, los testimonios de los ciudadanos no son los más alentadores. “Antes era más tranquilo, había más confianza para salir a la calle, ahora no se puede salir”, lamenta uno de los vecinos, reflejando el sentir generalizado de la población. La incertidumbre y el miedo se han convertido en compañeros constantes.
La urgencia por soluciones concretas se hace evidente en medio de una ola de inseguridad que parece no dar tregua. Los ciudadanos demandan acciones efectivas por parte de las autoridades para combatir la delincuencia que amenaza su tranquilidad y su bienestar. “Esperamos que hagan algo, porque dicen que estamos en estado de emergencia, pero si no actúan, estamos complicados”, expresó con angustia un ciudadano trujillano en diálogo con Exitosa.
Estado de emergencia en Trujillo
La administración de la presidenta Dina Boluarte ha tomado medidas ante la creciente ola de criminalidad que azota a la capital de La Libertad, Trujillo, y a la provincia de Pataz. En una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el Jefe de Gabinete, Alberto Otárola, anunció la declaración de estado de emergencia por un período de 60 días, con la intervención del Ejército en Pataz para enfrentar la “alarmante actividad delictiva, especialmente ligada a la minería ilegal”.t
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El control interno en esta región estará a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el respaldo de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de restablecer la seguridad y proteger a los ciudadanos afectados por esta ola delictiva.
En cuanto a Pataz, la situación es aún más grave, con sabotajes a siete torres de alta tensión, atentados con explosivos y un crecimiento descontrolado de la minería ilegal. “Enfrentamos a más de 20 bandas organizadas que se lucran del comercio ilegal de oro, lo que ha desencadenado una serie de delitos como extorsiones, explotación laboral y sexual, proxenetismo, tráfico de armas e insumos químicos”, detalló el Jefe de Gabinete.
La medida de emergencia implica también la prohibición de eventos sociales y espectáculos desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada, como parte de las estrategias para combatir la actividad delictiva.
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