El general José Zavala, jefe de la Región Policial de La Libertad, afirmó este miércoles que su institución no tiene registro de la amenaza denunciada en la víspera por el gobernador César Acuña, dueño del club César Vallejo de Trujillo, contra la madre de Paolo Guerrero.
El líder de Alianza Para el Progreso había declarado que el fichaje del goleador histórico estaba en suspenso debido a la ola de criminalidad que vive el país. “A Paolo yo lo entiendo. El mismo día que se firmó el contrato, los delincuentes amenazaron a su mamá. [...] Es su familia o es el fútbol. Teme por su seguridad, entonces no quiere exponerse y yo haría lo mismo en caso fuera mi familia”, dijo.
“Tendríamos que establecer un contacto con él en Lima o acá para que pueda dar mayores detalles y saber de qué se trata, porque se está haciendo un tema mediático; sin embargo, no sabemos cuál es el inicio, dónde denunció él o a dónde ha ido orientado el comentario, la extorsión o la amenaza que ha sufrido. No sabemos, no hay nada oficial”, enfatizó en una entrevista difundida en RPP.
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Acuña, quien se reunió semanas atrás con la presidenta Dina Boluarte para solicitar asistencia gubernamental ante la ola delictiva que acecha a su región, mencionó también que el equipo legal del futbolista contactó sin éxito al ministerio de Defensa, Jorge Chávez, para que le brinde seguridad.
Durante una rueda de prensa posterior a una actividad oficial en Arequipa, un periodista de Canal N consultó sobre la situación de Guerrero al ministro del Interior, Víctor Torres, pero la pregunta fue desoída por completo. El titular centró su réplica únicamente en el inédito estado de emergencia que rige en la provincia de Pataz, donde ha ingresado el Ejército.
Solo este martes, por ejemplo, fueron desarticuladas tres organizaciones criminales dedicadas a este delito. “Las capturas que estamos realizando durante todo este tiempo son en flagrancia, [es decir] cuando los hemos encontrado con un cartucho de dinamita o tienen algún mensaje extorsivo. Pero, producto de una investigación, muy pocos casos se ha dado porque no tenemos denuncias”, anotó.
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El Gobierno de Boluarte declaró el lunes el estado de emergencia en Trujillo y Pataz, donde la medida se extenderá por 60 días y, durante ese período, los eventos sociales y espectáculos quedarán prohibidos desde las 00:00 horas hasta las 4:00 horas “hasta combatir la ola delincuencial”.
“En Pataz, hemos visto con estupor cómo se ha ejecutado el sabotaje a siete torres de alta tensión, atentados con dinamita y crecimiento descontrolado de la minería ilegal. Enfrentamos a más de 20 bandas organizadas que se mueven en torno al comercio del oro. Hemos encontrado la peor expresión [...] de la seguridad ciudadana: extorsiones, explotación laboral y sexual, proxenetismo, tráfico de armas, tráfico de insumos químicos”, describió a continuación.