El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha alcanzado un 65% de desaprobación, un porcentaje nunca antes registrado por su gestión, según una encuesta de Datum difundida por El Comercio este domingo, el mismo día de su cumpleaños. El sondeo, en el que participaron 401 ciudadanos de Lima Metropolitana, arroja que el rechazo subió un punto respecto al mes pasado, cuando el indicador se fijó en 64%.
La aprobación del burgomaestre también ha dado un retroceso significativo de tres puntos, pues de 30% que registró en enero de 2024 cayó a un 27%, la cifra más baja consignada por la encuestadora hasta ahora. En tanto, un 8% de ciudadanos no precisó su respuesta.
Para Cynthia Yamamoto, activista por los derechos ciudadanos y fundadora del Colectivo Peruanos de a Pie, estas cifras reflejan una percepción de ausencia que tiene los limeños sobre el alcalde. “En muchas ocasiones la Municipalidad de Lima solo está haciendo actos protocolares y, en muchos de ellos, ni siquiera está el alcalde, sino el teniente alcalde”, declaró a El Comercio antes de hacer mención a las promesas incumplidas durante la campaña.
En mayo de 2023, López Aliaga contaba con un 50% de aprobación. Sin embargo, en cinco meses, el dígito se redujo a un 36% (octubre de ese mismo año). Para noviembre se aminoró a un 29%, aunque se recuperó ligeramente en enero de este año, cuando subió a 30%. Ahora ha anotado una baja de tres puntos.
El sondeo se ha hecho público cuando la autoridad y Rutas de Lima han extremado su tensión después de que la firma aumentara el costo de los peajes de S/ 6.50 a S/ 7.50, tras lo cual el burgomaestre acudió al Tribunal Constitucional (TC) para rechazar el alza, que finalmente fue anulada por el Poder Judicial para los peajes de Puente Piedra, en la Panamericana Norte.
Sin embargo, la suspensión aún no se ejecuta y esta semana la comuna entabló una denuncia contra el consorcio por bloquear “arbitrariamente” el pase por las garitas de este distrito, una acción que Rutas de Lima tomó como una hostilidad, “aun a expensas de la seguridad de los propios usuarios de la vía”.
La semana pasada, López Aliaga confirmó que su administración denunció en EE.UU. al fondo canadiense Brookfield, accionista mayoritario de la concesión. Aunque evitó brindar detalles en una conferencia de prensa, indicó que el proceso está a cargo de un estudio de abogados en Washington.
“Al explicar el caso en EE.UU., la respuesta fue afirmativa. Después de dos meses, la respuesta fue: Municipalidad de Lima, sí hay caso. Eso no es normal [...] Lo que es fuera de Perú es más grave. Odebrecht pagó al Gobierno americano 3.500 millones de dólares de reparación por su delito, ojo, es hasta ahí donde puedo explicar”, continuó.