Una nueva polémica apunta a la Municipalidad de Miraflores. En medio del impulso de una posible revocatoria al alcalde Carlos Canales, gremio de construcción acusó a su gestión de paralizar 100 anteproyectos inmobiliarios de manera arbitraria; lo cual es calificado de “falso” por el municipio. Infobae Perú se comunicó con ambas partes y estas son sus posturas sobre el tema.
En la víspera, la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), la Asociación de Empresas inmobiliarias (AISE), Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI Perú) y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) advirtieron en un comunicado que la suspensión de los proyectos en el distrito se dio “pese a la emisión de Certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios y aprobaciones conforme a las ordenanzas que regulan la promoción de vivienda sostenible”.
“La Municipalidad se niega a aceptar los certificados y rechaza la aprobación de los anteproyectos, imponiéndoles la Ordenanza N° 618/MM, cuya vigencia es posterior a los anteproyectos arbitrariamente paralizados. Lo peor del caso, es que dicha Ordenanza permite que los procedimientos administrativos iniciados bajo la normativa vigente que regula la Licencia de Edificación, se rijan por dicha normativa hasta su culminación. Por ello, resulta arbitrario que la Municipalidad afirme que los certificados emitidos bajo la normativa anterior a la Ordenanza N° 618/MM no sean vinculantes; y/o que los anteproyectos que ya fueron aprobados bajo la normatividad anterior incurran en causal de nulidad”, se lee en el documento.
Asimismo, indicaron que el municipio no consideró “que los anteproyectos cumplen las reglas establecidas por el marco normativo aplicable como la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones” y exhortaron a las autoridades competentes empezar las acciones legales contra la “ilegalidad cometidad” a fin de “evitar se siga causando perjuicios a las familias que demandan una vivienda asequible y sostenible”.
En respuesta, el gerente de Asesoría Jurídica del municipio, Lino De La Barrera, consideró que el gremio mencionó “varias falsedades”, como el número de anteproyectos sindicados.
“Hemos paralizado solo cinco proyectos que tenían problemas o que habían violentado los parámetros del distrito. […] O sea, hablar de 100 implicaría fue que Miraflores fuese el distrito más grande del Perú. Miraflores apenas tiene 10 kilómetros cuadrados e imagínense que entraran 100 proyectos inmobiliarios en el distrito. Eso sería una locura”, sostuvo.
Además, cuestionó que se intente “confundir a la población”. De acuerdo a sus declaraciones, lo que se busca es promover una “supuesta vivienda de interés sostenible” que, si bien cumple con los parámetros para ser considerada como tal, es a costa de la calidad de vida de los potenciales compradores.
“La vivienda que ellos producen es un cajón inmobiliario. Debido al costo del metro cuadrado en el distrito, el tamaño de sus departamentos —que será financiado con dinero de todos los peruanos, ya que sería con préstamo del Ministerio de Vivienda— será mínimo. Probablemente, para que la gente tenga una habitación, un baño y nada más, porque deben reducir el espacio a fin de minimizar el costo y sea asequible. Por eso, insisto, están mintiendo la opinión pública”, indicó.
Sobre el punto de desconocer sus propias normativas, mencionó que “es falso” y que se cumplió con el debido procedimiento al momento de detener las construcciones. “Les hemos dado la oportunidad de defenderse por la vía administrativa. Incluso, hay algunos recursos impugnatorios resueltos y otros en vía de resolución. Proseguiremos el camino que la propia ley nos establece como administración pública”, indicó.
“No se trata de que porque nos busquen más a través de los medios vamos a tomar otras decisiones o nos vamos a asustar. Vamos a seguir en el camino de respetar la ley, dando la oportunidad de que todos se defiendan como debe ser. [...] Lo que vamos a hacer nosotros es pedirles que aquellos proyectos que no han sido edificados puedan ser cambiados voluntariamente hacia una fórmula que permita que sí se respeten los parámetros urbanísticos del distrito”, agregó.
En ese sentido, mencionó que el gremio se está “trepando a la ola mediática de querer acusarnos del mal uso de espacios públicos; mientras tratan de llenar los espacios públicos con mini-edificaciones que no cumplen los más mínimos criterios estándares de calidad de vida”.
Solicitamos al gremio de construcción la respuesta a las declaraciones de la Municipalidad de Miraflores. Aunque mencionaron que lo harían, hasta el cierre de esta nota, no se pronunciaron.