El canciller Javier González-Olaechea negó haber estado de acuerdo con que el Estado peruano abandone la Convención Interamericana de Derechos Humanos; es decir, no cree que el Perú debe dejar de suscribir el tratado internacional Pacto de San José de Costa Rica.
“Por supuesto (que creo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos). Soy un demócrata, siempre he sido un demócrata”, mencionó.
Sin embargo, en entrevista con Canal N, aclaró que el gobierno de Dina Boluarte acudirá a las instancias correspondientes para demostrar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) han tomado decisiones exageradas.
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“Nunca lo sostuve (salir del Pacto de San José). Nunca lo pensé, no he cambiado mi precisión. Batallaremos en las instancias correspondientes con la verdad en la mano porque se ha excedido la Corte y la Comisión (Internacional de Derechos Humanos). Pero no solamente con el Perú; se ha excedido en casos con otros países, se ha extralimitado”, comentó.
Como se sabe, este martes 6 de febrero se confirmó que el abogado constitucionalista Carlos Hakansson fue designado como embajador del Perú en Costa Rica. El canciller González-Olaechea explicó que su gestión eligió a este letrado porque cumple todos los requisitos para ser un buen representante del Perú en el mencionado país.
El gobierno de Dina Boluarte considera que este abogado puede desempeñarse como un buen embajador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que opera desde Costa Rica. Según el ministro de Relaciones Exteriores, su presencia allá es importante porque su gestión necesita conocer las decisiones tomadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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Ante la consulta de que este comentario es un adelanto de opinión, el canciller González-Olaechea opinó que no es así y que un abogado constitucionalista puede dar a conocer lo que piensa sobre determinado hecho.
“(...) porque quien es embajador de Costa Rica está acreditado ante la corte (Corte IDH) y evidentemente nos preocupa lo que hace y deja de hacer parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, indicó.
En otro momento, defendió el indulto otorgado a Alberto Fujimori, ya que desde su punto de vista eso no quiere decir que se está negando el acceso a la justicia de los familiares de las personas asesinadas durante la dictadura. Para él, es necesario que una persona anciana y enferma, como Fujimori, goce del derecho de ser indultado.
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Respecto al informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que revela cuántas personas murieron durante las protestas contra Dina Boluarte, el ministro de Relaciones Exteriores opinó que se trata de un documento que no muestra los hechos reales.
Para él, una de las razones por las que este informe es falso es el hecho de haber calificado de “masacre” los fallecimientos de personas que estaban en las calles para pedir la renuncia de la actual presidenta.
Citó a la Real Academia Española (RAE) para explicar que la palabra masacre se refiere a un acto que se realiza de forma “sistemática” contra una población indefensa. Desde su perspectiva, esto no ocurrió entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
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“¿En algún momento hemos visto una masacre así?, ¿sistemática contra una población indefensa? No hemos visto”, dijo.
El canciller también fue consultado respecto a la designación de Alfredo Ferrero como embajador de Perú en Estados Unidos, a pesar de que se encuentra investigado en el caso Lava Jato.
“Primero que se parte siempre de la base de la presunción de inocencia. En segundo lugar, los estadíos de la investigación abarcan en muchos casos a todos los que integraron los directorios de Proinversión. (...) Tiene todas las cualidades para lograr los objetivos que nosotros necesitamos con los Estados Unidos, para tener más inversiones, lucha contra el narcotráfico, y fomentar el comercio, entre otras cosas”, respondió.
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