Rutas de Lima, concesionaria que administraba los peajes en las garitas de Puente Piedra, en la Panamericana Norte, emitieron un comunicado rechazando la denuncia penal que la Municipalidad de Lima impondrá contra ellos. Como se sabe, el jueves 1 de febrero, la comuna limeña anunció que presentarán una acusación formal contra esta empresa por haber bloqueado, de forma arbitraria, el pase por el peaje, luego de que el Poder Judicial ordenara la suspensión del cobro de dinero a los conductores que circulen por ahí.
El municipio de Lima explicó que la razón por la que decidieron denunciar a Rutas de Lima es la gran congestión vehicular que ocasionó la empresa al tomar la medida mencionada. Hicieron hincapié en que los acusarían del delito contra la Fe Pública en la modalidad de Entorpecimiento al Funcionamiento de Servicios Públicos.
Mediante un comunicado, la comuna limeña, bajo el mando del alcalde Rafael López Aliaga, respondió que Rutas de Lima había impedido el pase como una muestra de “desprecio” hacia la ciudadanía. Interpretaron tal medida como una falta de respeto hacia las leyes del Perú.
En este contexto, la empresa Rutas de Lima emitió un comunicado la noche del jueves 1 de febrero, en el que acusan al municipio de Lima de hostilizarlos nuevamente.
Aclararon que ellos sí cumplieron con lo ordenado por el Sétimo Juzgado Civil al otorgar la medida cautelar a la Asociación Casa Huerta El Paraíso y, de esta forma, resolver la suspensión del cobro de peajes.

“Rutas de Lima cumplió cabalmente el mandato judicial instruido por el 7mo Juzgado Civil con subespecialidad en lo comercial de Lima, inclusive, antes de ser formalmente notificado por la autoridad judicial (lo hicimos efectivo a las 22.00 horas, del 29 de enero de 2024)”, se lee en el mensaje que difundieron.
Luego, explicaron que restringieron la vía “abruptamente” de siete a dos carriles, cerca de las garitas donde cobran los peajes, porque buscaban evitar accidentes que perjudiquen a los ciudadanos. Aseguraron que así lo permite el contrato que firmaron con la Municipalidad de Lima.
Sin embargo, cuando esto ocurrió, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) tuvieron que acudir al lugar para retirar los obstáculos colocados por la empresa y así evitar que los vehículos sigan soportando el embotellamiento.

Añadieron que ellos dispusieron la liberación de la obstrucción de las vías luego de que el Poder Judicial lo solicitó, el 30 de enero de 2024, desde las 10:00 a.m.. Al funcionario de esta entidad le respondieron que el retiro de la medida puede ser peligrosa para las personas que pasen por ahí. Rutas de Lima aseguró que esta acción se la notificaron a la Municipalidad de Lima.
Finalizaron su mensaje haciendo hincapié en que acudirán a todas las instancias para hacer valer sus derechos.
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