El Colectivo Popular Machu Picchu ha anunciado un paro general indefinido que se iniciará a partir desde la medianoche del día jueves 25 de enero de 2024. El descontento se genera en torno a varios puntos relacionados con la gestión de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga Peña, y la empresa Joinnus en el manejo y venta de los boletos para el acceso a la ciudadela inca.
Los motivos principales que han llevado a esta medida son la privatización en la venta de boletos, favoreciendo a la empresa del grupo Credicorp con una comisión del 3,9%. Además, señalan “la existencia de indicios de corrupción en una adjudicación directa”y el conflicto de intereses al otorgar a la empresa el acceso a una base de datos valiosa de turismo y el presupuesto asignado para proyectos en el área de Puente Ruinas, que podría afectar la seguridad y el patrimonio cultural.
La asamblea del distrito de Machu Picchu exige anulación del contrato, así como la destitución de la ministra Urteaga y la ratificación de la suspensión de la construcción del centro de interpretación en Puente Ruinas. Piden garantizar el acceso presencial a una parte de los boletos y se responsabiliza a la ministra por el daño al distrito y la reactivación del turismo.
Este paro se convoca en un esfuerzo por demostrar la unidad y resistencia de la comunidad frente a decisiones que se perciben como injustas y contraproducentes para la conservación y protección del patrimonio y economía local. Los organizadores llaman a la población a sumarse activamente a la movilización.
La decisión surge tras una asamblea general donde se han discutido ampliamente los mencionados puntos conflictivos. La medida de fuerza busca presionar para una revisión de las políticas que han llevado a la firma de contratos y adjudicaciones que se consideran desventajosas para la comunidad y el manejo de uno de los principales atractivos turísticos del Perú.
La comunidad de Machu Picchu a través de su representación gremial expresa un claro desacuerdo con la gestión actual de la cartera de Cultura y la participación de entidades privadas en servicios que tienen un impacto directo sobre el patrimonio cultural y la economía local.
Rechazan llegada de personal Joinnus
Personal de Joinnus, empresa dedicada a la comercialización de boletos para Machu Picchu, fue rechazado por la comunidad local durante su llegada al histórico sitio. Los pobladores realizaron un plantón manifestando su descontento con la decisión de otorgar la concesión de venta de entradas a una entidad privada. La controversia se intensificó debido al uso del local perteneciente al Ministerio de Cultura de Cusco para realizar dichas transacciones comerciales.
El conflicto surgió a raíz de cuestionamientos sobre el proceso mediante el cual Joinnus obtuvo los derechos para operar dentro del marco turístico de Machu Picchu. Residentes y ciudadanos expresaron preocupaciones respecto a la preservación de la integridad cultural y la autonomía del patrimonio, argumentando que la inclusión de operadores privados podría desvirtuar el valor histórico del lugar. Las acciones de protesta reflejan una resistencia en contra de la política de concesiones y una demanda por mayor transparencia en la gestión de los recursos culturales y la infraestructura local.
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