La situación judicial del secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, se ha convertido en uno de los casos más estridentes de inacción por parte de la PNP. Este 14 de enero del 2024 se cumplen 100 días desde que el político y sentenciado pasó a la clandestinidad y hasta la fecha no se ha logrado dar con su paradero. En tanto, el exgobernador de Junín sigue gozando la negligencia de las instituciones mediante publicaciones por redes sociales.
Como se sabe, el 6 de octubre del 2023, el Poder Judicial dispuso en segunda instancia sentencia de prisión efectiva en contra de Vladimir Roy Cerrón Rojas, por un periodo de tres años y ocho meses. Esta decisión llegó a realizarse luego de que la sala penal de apelaciones transitoria especializada en delitos de corrupción de Junín rechazara el pedido de Cerrón en el marco del caso ‘Aeródromo Wanka’.
Desde entonces, el secretario general y líder del partido del lápiz se ha mantenido fuera del alcance de las autoridades, sobre quienes existe cada vez más presión por su eventual captura. El veredicto impuesto por el Poder Judicial estaba incluido con una orden de captura que se hizo efectiva unos días después, con la emisión de la requisitoria.
Para lograr dar con su paradero, la Policía Nacional del Perú (PNP) incluyó a Cerrón Rojas en el programa de recompensas del político, tras resolverse que el líder de Perú Libre concertó con otros condenados para admitir, evaluar, adjudicar y firmar el contrato del Aeródromo Wanka el departamento de Junín; durante su gestión como Gobernador Regional.
Sobre él, la PNP dispuso el pago de una recompensa de S/100 000 soles por cualquier dato que facilite su captura; y pese a los esfuerzos de la PNP de dar con él; Vladimir Cerrón sigue interactuando por la red social X (antes Twitter) con toda tranquilidad.
Las imputaciones que pesan contra Vladimir Cerrón
Cabe destacar que esta no es la primera vez que se ha condenado al líder de Perú Libre. Al ser hallado culpable del delito de colusión por el caso ‘Aeródromo Wanka’, la sentencia se convirtió en la segunda condena que pesa sobre él. La primera correspondía a una sentencia por la comisión del delito de negociación incompatible que hasta la fecha no tenía una orden de captura.
Adicionalmente, contra el secretario general del partido que llevó a Pedro Castillo al gobierno, existen otras investigaciones, como las iniciadas por la presunta comisión del delito de lavado de activos; luego de que se advirtieran una serie de aportes ilegales o no registrados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por parte del partido del lápiz.
En el marco del avance de las investigaciones por este caso, el Poder Judicial impuso contra él una medida cautelar de prisión preventiva por 36 meses en primera instancia; la misma que también está siendo incumplida por Cerrón al mantenerse fuera de la ley.
Una fuga por negligencia en favor de Vladimir Cerrón
Pese a estas medidas, tras la sentencia de más de tres años y medio, la policía argumentó que la notificación de la orden de captura por parte del Poder Judicial se realizó unas seis horas más tarde, momento desde el cual, según ellos, pudieron empezar a actuar en su búsqueda. Sin embargos, Cerrón no ha sido capturado.
Ante esta situación, la presidenta Dina Boluarte ha sugerido que podría haber cierta complicidad dentro de la policía que estaría protegiendo a prófugos como Cerrón, además del exministro Juan Silva o Fray Vásquez, ambos vinculados al gobierno de Pedro Castillo y que también han superado los 100 días fuera del alcance de la ley. “Supongo que hay algunos dentro de la policía, algunos que puedan estar -no estoy asegurando- dando cierta protección a estos señores”, aseveró la presidenta.
Cerrón con los días contados
En los últimos días, la captura de Vladimir Cerrón por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) parece estar próxima a realizarse. Durante la madrugada de este sábado, miembros de la Brigada Especial contra la Criminalidad de Lima Norte, en colaboración con un equipo de fiscales, efectuaron registros en dos propiedades situadas en el Callao, supuestos refugios del escurridizo dirigente de Perú Libre.
La operación, que contó con la autorización del Quinto Juzgado Anticorrupción del Poder Judicial de Junín, fue posible tras una exhaustiva labor de seguimiento e inteligencia llevada a cabo por la PNP. El foco de las indagaciones fue un edificio de cinco plantas en la avenida Monitor Huáscar, en el distrito de Ventanilla, lugar que frecuentaban distintos vehículos constantemente. Uno de estos automóviles resultó ser de interés particular para los agentes.