El Poder Judicial dictó este jueves 12 meses de impedimento de salida del país contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), acusado de recibir más de dos millones de soles en sobornos cuando se desempeñó como gobernador regional de Moquegua.
El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional acogió en parte la solicitud del despacho del fiscal anticorrupción Germán Juárez, quien pedía que la restricción se extendiera por 18 meses. De acuerdo con el documento, la medida fue adoptada para evitar el riesgo de fuga del exgobernante.
En diciembre del 2022, el Ministerio Público requirió 15 años de prisión contra Vizcarra por este caso que le atribuye la presunta comisión de cohecho pasivo propio, además de otros nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Según la acusación, el exmandatario accedió a coimas a cambio de otorgar contratos de construcción para el proyecto Lomas de Ilo y la Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua.
En rigor, los desembolsos habrían sido un millón de soles por parte de las empresas Obrainsa y Astaldi, así como 1,3 millones de soles por parte de la firma ICCGSA-INCOT. La jueza Margarita Salcedo consideró que existe “sospecha fuerte” de la recepción de coimas y que es necesario garantizar el proceso ante la proximidad de un eventual juicio.
Durante la audiencia, en la que no estuvo presente el exgobernante, Castañeda dijo que Vizcarra ha intentado viajar por razones políticas a distintas localidades del país, pese a que ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos. Sin embargo, la defensa del expresidente rechazó que la Fiscalía pida, por segunda vez en el mismo caso, una medida restrictiva para salir del país.
En 2020, el equipo que investiga el caso Lava Jato solicitó en dos ocasiones interrogar al exmandatario, pues las empresas ganadoras de las licitaciones en Moquegua también están comprometidas en el ‘Club de la construcción’, un grupo de compañías supuestamente se repartían las obras públicas a cambio de millonarios sobornos.
Esta inhabilitación se suma a los diez años que también el Parlamento le sancionó sin ocupar cargos públicos por haberse vacunado en secreto contra la Covid-19 junto a decenas de funcionarios, en el caso denominado ‘Vacunagate’.