A puertas de finalizar el Año 2023, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha llamado la atención, entre los muchos aspectos criticables, por la escalada de inseguridad ciudadana que se ha visto en los últimos meses. Como una respuesta a esta problemática, la mandataria anunció en el pasado mes de septiembre, en un mensaje desde los Estados Unidos, el despliegue del estado de emergencia en tres distritos del Perú: San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana.
Luego de la declaratoria de emergencia de estas tres jurisdicciones, siguieron muchos otros anuncios que incluyeron el otorgamiento de facultades legislativas al Ejecutivo por parte del Congreso; así como una serie de acciones y propuestas duramente criticadas. Ello debido a que, tanto especialistas como alcaldes y otras autoridades han reconocido que la medida no habría surtido efecto y, en pocas palabras, sería un fracaso.
En este contexto, Infobae Perú accedió, mediante la solicitud de un pedido de acceso a la información, al monto del que la gestión de Dina Boluarte habría hecho uso para la ejecución de esta infructuosa medida. Según el documento, denominado Memorando N° D000566-2023-IN-OGPP; el costo que supuso esta decisión tomada durante las funciones de presidencia remota le ha costado a todos los peruanos más de 230 millones de soles.
Según el documento que data de octubre de este año, se precisa que el titular del Ministerio del Interior, en ese momento, Vicente Romero Fernández, se encontraba “coordinando la asignación presupuestal” de todo lo que se invertirá en la designación de tan importante importe. La carta precisa que “en el marco del estado de emergencia aprobado con el dispositivo legal señalado en el primer párrafo, el Mininter viene coordinando la asignación presupuestal por el importe total de S/230.4 millones ante el Ministerio de Economía y Finanzas”.
Lo increíble de tan alto monto es que el monto a desplegar corresponde a solo los tres distritos, en conformidad con lo requerido en la solicitud de acceso. Pero esto no es todo. El memorando también indica que, de los más de 200 millones, un aproximado de 65 millones serían destinados para el mismo Ministerio del Interior, a fin de fortalecer las comisarías y otros equipos dentro de la PNP.
Mucho ruido y pocas nueces
En octubre de este año, Infobae Perú realizó un análisis respecto al impacto que esta medida había tenido en la sociedad. En dicha oportunidad se contó con la participación de especialistas en seguridad ciudadana, entre ellos, del experto en seguridad ciudadana, César Ortiz, quien refirió, en dicho momento, que “la mayoría de propuestas (hechas por los alcaldes) no las han cumplido”.
“Cuando ellos estaban proponiendo para ser alcaldes decían ‘vamos a erradicar o acabar con la delincuencia. Eso decían y era auténtico porque no se puede acabar con un problema que es de bases y de origen social. Lo otro que decían es vamos a poner cámaras biométricas, pero tampoco es posible porque tienen que tener su propio banco de datos o convenios con las instituciones”, afirmó aquella vez.
En dicho sentido, Ortiz no dudó en señalar que “los resultados son muy pobres”. “Si no hay una mirada integral de lo que se ha hecho, lo que se hace y se quiere hacer; entonces, será más de lo mismo. Lo que debería hacer este gobierno es potenciar y modernizar la Policía”; concluyó.
No obstante, en la actualidad no se ha detallado mayor reforma en la Policía Nacional del Perú; el mínimo desempeño en las acciones generó tal impacto que incluso terminó con la censura del ministro Romero Fernández; pese a ello; el mismo titular actual del Mininter, Víctor Torres Falcón, ha aclarado que su gestión “seguiría los pasos de su antecesor”; en una afirmación que más que una mejora, parece una preocupación.
Mientras tanto, la inseguridad ciudadana cierra el año con uno de los índices de preocupación más altos, según las encuestas.