Un nuevo blindaje está en marcha en el Congreso de la República que podría abonar al gran desprestigio que tiene frente a la ciudadanía. Y el gran beneficiado sería Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), titular de la Mesa Directiva, quien ha recibido varios cuestionamientos desde que asumió su actual cargo en julio pasado.
La Comisión de Ética estaría próxima a votar el informe final sobre la investigación que se le abrió al titular del Parlamento por beneficiarse con la Ley 31751, denominada también como la ‘Ley Soto’. En el documento, al que Infobae Perú accedió, se habría determinado que Soto no cometió ninguna falta al reglamento del Legislativo y, por ello, se recomendaría que se archive el proceso en su contra.
Sin embargo, lo más sorpresivo del informe es que la secretaría técnica del grupo de trabajo liderado por el parlamentario Diego Bazán (Avanza País) reconoce que Alejandro Soto respaldó y apeló a la iniciativa legal para salvarse de una condena de ocho años y ocho meses por el presunto delito de estafa y falsedad genérica que le interpuso la empresa de transportes Waynapicchu en Cusco.
La citada compañía denunció al integrante de APP de no redactar unos institutos que se le solicitó por ser su asesor legal. Y es que pese a no entregar este trabajo, Soto cobró la suma de 20 mil soles. Además, se le acusó de vender un terreno de la empresa a 250 mil dólares cuando lo había adquirido a un menor valor que sería mil dólares.
“Si bien el congresista investigado (Alejandro Soto) votó en segunda votación por la aprobación del dictamen del proyecto de ley 3991-2022, ello no ha significado vulneración del artículo 4º literal e) del Código de Ética Parlamentaria, al no evidenciarse que habría participado en el proceso legislativo en mención, además de no haberse acreditado la existencia de interés económico que debió haber sido advertido por el denunciado”, se lee en una de las conclusiones del documento.
Seguidamente, en otra parte se concluye que “está acreditado que el congresista Alejandro Soto Reyes, teniendo como antecedente que el proceso penal en su contra en una primera instancia había sido declarado sobreseído y prescrito; y al encontrarse vigente la Ley 31751, su defensa técnica la invocó en uso de sus facultades legales. Petición que pudo haberse rechazado en aplicación del control difuso del magistrado”.
De esta manera, el contenido del informe será sometido a debate en la Comisión de Ética, cuya última sesión ordinaria se realizó el 4 de diciembre pasado. Lo más probable, al igual que pasó en el caso de los llamados ‘mocha sueldos’, Alejandro Soto sea blindado por sus colegas y la indagación que se abrió el 3 de octubre pasado pase al archivo definitivamente sin sanción alguna.
“No cometí ninguna falta ética”, había dicho Soto cuando se presentó el 20 de noviembre en Ética para brindar su descargo. Luego, añadió que “la imputación proviene de un medio de comunicación; segundo, que no soy el autor de la ley”. “El autor es el colega Flavio Cruz Mamani, tampoco soy parte de los colegas que suscribieron este proyecto de ley. No soy miembro ni he sido miembro de la Comisión de Justicia. En la votación, he votado en contra de este proyecto de ley”, insistió.
Por ello, el presidente del Congreso solicitó que se archive el proceso porque no vulneró ninguna norma del reglamento.
Salvado de otros casos
Hay que recordar que Soto fue salvado por Alianza para el Progreso y Fuerza Popular al archivarse las investigaciones relacionadas a los casos de presunto nepotismo al contratar a la hermana de la madre de su hijo y por presunto recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho para destinarlo a la publicidad de sus actividades en Facebook.
Con ocho votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones se desestimó abrir una investigación contra Soto al sostener que informes del Congreso y la Contraloría no hallaron falta de él por contratar a su cuñada.
En tanto, con seis votos a favor y ocho en contra, se bloqueó la iniciativa para que se esclarezca por qué colaboradores de Soto dieron una parte de su sueldo.