Un reciente informe de Bloomberg señala que el Perú enfrenta una severa crisis económica y política que ha desplomado la confianza empresarial a mínimos históricos y se espera que la economía se contraiga un 0,6% en 2023. Recuerda que a un año del intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, “el país lidia con la recesión más dura en dos décadas”, excluyendo el periodo de pandemia.
De acuerdo con el artículo, la presidenta Dina Boluarte se enfrenta a una alta desaprobación y las alarmas sobre el deterioro de las instituciones democráticas suenan cada vez más fuertes. La economía peruana, que durante dos décadas registró un crecimiento promedio de 4,8%, ahora lucha por mantenerse a flote en medio de una volatilidad política que ha tenido un alto costo para la población más vulnerable, con los niveles de pobreza llegando al 27,5%, igualando las cifras de 2011.
En una reciente entrevista para Bloomberg, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, hizo referencia a los “costos ocultos de la inestabilidad política” y la necesidad de restaurar dicho equilibrio, refiriéndose al sistema político, donde el Congreso puede remover al presidente con facilidad.
A esto se suman los conflictos internos en las ramas gubernamentales y las protestas que han resultado en decenas de muertos, sin responsables imputados, lo que pone de manifiesto la fragilidad democrática en el país.
Según advierten, los problemas económicos del país han profundizado bajo la administración Boluarte, evidenciados por la significativa fuga de capitales que, solo en 2021, alcanzó los 17 mil millones de dólares, la más grande en la historia del país.
Esta situación se ha extendido a lo largo de su mandato, con indicaciones adicionales de una previsión de contracción económica y un descenso en la inversión privada. “Lo que hunde al país son, en general, sus interminables crisis políticas”, indican.
Los esfuerzos públicos por parte de líderes empresariales y aliados políticos de Boluarte por promover confianza en la economía contradicen los indicadores objetivos. Los datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) revelan que la inestabilidad política y el malestar social son percibidos como principales limitantes al crecimiento, y la brecha entre aprobación presidencial en ricos y pobres amplía las divisiones económicas y sociales.
La situación financiera actual de Perú la ha llevado a mantener una calificación crediticia apenas dos escalones por encima de “basura” por parte de Fitch Ratings y S&P Global Ratings, con una perspectiva negativa desde hace más de un año.
Moody’s Investor Service también ha mantenido una perspectiva negativa para el país. En este contexto, las esperanzas de crecimiento económico se topan con el escepticismo de los economistas sobre la capacidad de Perú de mantener un ritmo rápido de crecimiento, incluso cuando las autoridades financieras se muestran optimistas ante las reformas políticas y la estabilidad que no requiere una reescritura de la constitución. La realidad económica peruana continúa siendo un campo desafiante, que requiere soluciones efectivas para una recuperación a largo plazo.
“Los jueces desafían a las organizaciones internacionales”
Señala Bloomberg que los fiscales alegan que su la propia fiscal de la Nación conspiró con los legisladores para intercambiar votos a cambio de impunidad.
“Los principales jueces del Perú están desafiando los compromisos del país con las organizaciones internacionales. Decenas de personas murieron en protestas antigubernamentales durante el gobierno de Boluarte, pero nadie ha sido acusado por sus muertes”, señalaron.