La presidenta Dina Boluarte solicitó este lunes una investigación célere en torno a la presunta red criminal atribuida a la fiscal general, Patricia Benavides, un caso por el que su asesor, Jaime Villanueva, fue arrestado esta mañana por el equipo especial de la Policía y de la Fiscalía contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
“Este 7 de diciembre estamos a puertas de cumplir de un año de gestión en el Gobierno luego del golpe de Estado, y no tenemos atisbos ni carpetas investigadas por temas de corrupción. Ese es mi compromiso con el pueblo peruano”, dijo durante un discurso por la inauguración de la X Conferencia Anual Internacional por la Integridad.
“Es una tarea poco comprendida muchas veces por la demanda que el ciudadano necesita tener resultados inmediatos, pero estamos frente a una política pública de mediano y largo plazo que debemos sostener, pese a los vaivenes políticos”, señaló.
“Si hay algo que investigar, que se investigue y se haga de manera célere, porque aquello que demora tampoco es beneficioso. La sociedad espera resultados. Las investigaciones ratificarán que el primer Gobierno liderado por una mujer andina en 200 años actuó y siempre actuará con honestidad, transparencia y sin corrupción”, remarcó.
Horas después de este pronunciamiento, Benavides presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra la jefa de Estado y el primer ministro, Alberto Otárola, por las muertes en protestas antigubernamentales. La titular del Ministerio replicó a la investigación abierta por presunta organización criminal en un pronunciamiento grabado en el que indicó que buscan amedrentarla para que no continúe su “lucha contra la impunidad”.
Aseguró, además, que con esta acción buscan bloquear las investigaciones que sigue contra los máximos representantes del Ejecutivo. “Pese a ello, el despacho de la Fiscal viene dando todas las facilidades al equipo de fiscales contra la corrupción a fin de que realicen todas las investigaciones dispuestas”, señaló al ratificar que se mantendrá en el cargo.
“Las últimas horas son una demostración de quienes no quieren ser investigados y tienen aún la capacidad de ejercer represalias contra la institución que represento. Con este acto torpe que pretende desestabilizar la independencia y autonomía del Ministerio Público, utilizando para tal deleznable propósito el mecanismo de utilizar a algunos fiscales”, zanjó.
Posteriormente, los fiscales supremos Pablo Sánchez y Carlos Villena exigieron a la magistrada presentar su dimisión para “no afectar las investigaciones que viene realizando su institución”, mientras que los fiscales del Eficcop emitieron un pronunciamiento de rechazo a la destitución de Marita Barreto, coordinadora del grupo fiscal que persigue la corrupción en el poder, tras abrir la investigación contra sus los asesores.
En rigor, la red buscaba influir “ilícitamente en decisiones de congresistas” para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos “para fines ilícitos”.