Ante la renuncia de la exministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi Díaz, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte designó como su reemplazo al ahora canciller Javier González Olaechea el pasado 7 de noviembre, hace exactamente dos semanas. Tras su nombramiento, los cuestionamientos iniciales respecto a su idoneidad y falta de claridad no se hicieron esperar, pues el ministro eliminó todas sus opiniones y antecedentes, apenas se supo que asumiría el mando de Torre Tagle.
Sin duda, esta falta de transparencia no tardó en perpetuarse hasta la fecha, pues el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores aún mantiene un secretismo dudoso respecto a los intereses laborales, empresariales y familiares con los que cuenta, hasta la fecha, 15 días después de su nombramiento como titular de la Cancillería, sigue sin adjuntarlos ante las instituciones.
Durante su juramentación, la tarde del martes 7, el relator de Palacio de Gobierno le dio lectura a la Resolución Suprema N° 166-2023-PCM en la que se detallaba el nombramiento de González Olaechea Franco y se daba cuenta de un segundo artículo. Este precisaba que “la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia de Consejo de ministros en la misma fecha de publicación de la presente”.
Nada más alejado de la verdad. Durante todo aquel día y las siguientes dos semanas, ningún documento bajo la denominación de declaración jurada fue adjuntado en la página oficial implementada por la Contraloría General de la República, en la que se podría hacer un seguimiento a estos documentos por medio de una disposición planteada este año en la Ley N°31227.
Una declaración jurada no publicada
Al momento de solicitar este documento, la página oficial devuelve el mensaje: “No existe información para mostrar”; contraviniendo lo directamente dispuesto por la Resolución Suprema refrendada por la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola en aquella oportunidad.
Asimismo, si bien lo que se estila en estos casos es esperar cierta demora por parte de los organismos de supervisión de transparencia; la misma norma N°31227, conocida como la “ley que transfiere a la Contraloría General de la República la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización, y sanción respecto a la declaración jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos”, detalla un plazo máximo para atender a este requerimiento de transparencia.
Cabe destacar que la norma precisa en su artículo 5 que “la declaración jurada de intereses se presenta dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido elegido/a, nombrado/a, designado/a, contratado/a o similares”; sin embargo, existe una directiva interna planteada por la misma Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) de marzo de este año en la que se establece que el tiempo correspondiente para la revisión de esta declaración por parte del mismo Otárola no debe superar los cinco días hábiles.
PCM ya conoce la DJI, ¿Por qué no se publica?
En el punto 6 de esta directiva se precisa que “la revisión de la Declaración Jurada del Nombrado ministro se desarrolla en un plazo máximo de dos días hábiles, contado a partir del día hábil siguiente de la publicación de la Resolución Suprema de nombramiento”, esto quiere decir que si bien la declaración jurada ya debe haber pasado por las manos de Otárola desde el 10 de noviembre, esta aún no ha sido publicada ante la Contraloría.
Como si esta falta de transparencia no fuera suficiente, en el rubro en el que se ha dispuesto la hoja de vida de González Olaechea también existe una falta de detalle respecto a la precisión de sus antecedentes. En ellos, detalla su paso por diferentes instituciones Estatales como los ministerios de Trabajo, del Interior, de Energía y Minas y de la PCM.