En el ejercicio de elaborar, o contar con, un presupuesto diario, mensual, anual, sea para personas, familias, empresas u organizaciones, se requiere un ejercicio consciente de planificación sobre los gastos en los que se van a incurrir y los ingresos que se perciben en un determinado periodo de tiempo. Así, la planificación del presupuesto ayuda a tomar decisiones sobre los recursos con los que contamos en el presente, teniendo en cuenta los objetivos o metas de corto, mediano y largo plazo. No obstante, estos, por diversos motivos, muchas veces ignorados por quien hace la planificación, se truncan.
En los próximos días se aprobaría el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público en el pleno del Congreso de la República. El presupuesto público resulta una herramienta de gestión del Estado, que sirve para asignar recursos y responsabilidades en su administración en los distintos niveles de Gobierno, y así brindar mayor bienestar a la población, atendiendo sus necesidades básicas. Si bien el presupuesto aumenta todos los años, los resultados en materia de servicios públicos dejan mucho que desear y el descontento de la población no cesa.
Por muchos años el nivel de ejecución del presupuesto asignado a inversión pública para los gobiernos regionales y municipalidades no ha superado el 70%. Sucede que existen una serie de cuellos de botella que limitan el desarrollo de la inversión pública en el interior del país como, por ejemplo:
- Falta de capacidades de funcionarios. De acuerdo con resultados del INEI, en 2022, del total de municipalidades a nivel nacional, el 60% requerían capacitaciones en procedimientos administrativos; el 58% en administración tributaria; y el 47% en formulación y evaluación de proyectos;
- Problemas de corrupción. De acuerdo con estimaciones de la Contraloría, el año pasado se identificaron un total de 8,730 funcionarios públicos con presunta responsabilidad en actos de corrupción, de los cuales más de la mitad pertenecieron a gobiernos regionales y municipalidades; o
- Problemas de administración. De acuerdo con la Contraloría, en setiembre último se reportaron 2,066 obras públicas paralizadas en todo el país, las cuales suman una inversión de S/ 27,105 millones. Al respecto, la mayoría de estas obras son administradas por las municipalidades, con un total de 1,480 proyectos en su cartera, que equivalen a S/ 6,461 millones.
El presupuesto público para el año 2024 sería de S/ 240,800 millones, un 12.1% más que el de 2023; sin embargo, esto no asegura un mejor resultado o mayores beneficios para la población. Urge cambios estructurales para mejorar la ejecución de la inversión pública, y así reducir brechas sociales. Entre otras medidas podríamos listar:
- Repensar el modelo de descentralización. La autonomía de los gobernadores y alcaldes viene resultando perjudicial para la población.
- Establecer Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO, por sus siglas en inglés), que acompañen en el manejo, preparación, ejecución y funcionamiento de proyectos.
- Reforzar la asistencia técnica y capacitación continua a los funcionarios públicos de los Gobiernos regionales y municipalidades, principalmente en aquellas jurisdicciones que presentan mayores dificultades para su gestión.
- Optimizar la asignación presupuestal en base a resultados y evidencia, más allá de decisiones políticas. Los Programas Presupuestales, además de asegurar un mínimo de recursos, deberían ofrecer incentivos a la ejecución eficiente de estos.
La economía estudia la asignación eficiente de los recursos escasos. Los recursos púbicos, que se generan con el trabajo de las personas y empresas, lo son, y es tarea de la administración pública llevar a cabo una planificación y ejecución óptima en beneficio de todos. No debemos contentarnos con solo aumentos en el presupuesto.