A raíz del último escándalo conocido de que algunos prefectos y subprefectos estarían en coordinaciones con el hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, para recolectar firmas que permitan inscribir a un partido político con miras a las elecciones generales del 2026, desde el Congreso de la República se busca que estos cargos tengan una mayor independencia y legitimidad.
El parlamentario Wilson Quispe, de la bancada de Perú Libre, presentó ayer la iniciativa 06402/2023-CR que propone modificar el inciso E del artículo 6 de la Ley Orgánica de Elecciones. Esto se encuentra referido a elecciones de autoridades políticas. Allí se pretende incluir a los prefectos regionales, subprefectos provinciales, subprefectos distritales y tenientes gobernadores.
Actualmente, estos puestos dependen exclusivamente de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior. Y son los que, en la práctica, representan al gobernante de turno en las regiones donde son colocados. Es decir, en Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Callao, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín y Ucayali.
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Sin embargo, la agrupación liderada por el prófugo Vladimir Cerrón anota en su propuesta que muchos de los escogidos no cuentan con los pergaminos profesionales.
“En las últimas décadas las autoridades políticas han sido muy criticadas, por la designación de personas cuestionadas y no preparadas para asumir esos cargos”, se lee en el documento.
Seguidamente, el partido del lápiz añade que “no se establece requisitos mínimos para designar a esas autoridades, originando su posterior cuestionamiento por la comunidad que no se siente representada con las autoridades políticas porque son personas de conductas cuestionadas o de dudosa reputación o no realizan eficientemente su gestión”.
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Además, Perú Libre sostiene que muchos de los que son escogidos para ser prefectos y subprefectos ni siquiera residen en sus jurisdicciones y cuentan con varios cuestionamientos.
“La residencia en la jurisdicción y que sean personajes reconocidos por su comunidad, generará una mayor aceptación de los ciudadanos”, agregan.
Manipulación política
Hay que precisar que las prefecturas y las subprefecturas han sido manipuladas en los últimos años. Específicamente, todo comenzó cuando el exmandatario Pedro Castillo, recluido en la cárcel de la Diroes por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, decidió poner a profesores de su sindicato Federación Nacional de Trabajadores en la Educación (Fenatep) y curiosamente también a militantes de Perú Libre.
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Tras la caída de Castillo Terrones se creía que bajo la gestión de Dina Boluarte se iba a dar un cambio. Por el contrario, el cuoteo político siguió con cambio de camiseta política. La jefa de Estado le entregó las prefecturas y subprefecturas a Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña tal como Infobae Perú lo reveló en una investigación publicada en febrero pasado.
Acuña se ha convertido en un aliado incondicional del régimen de Boluarte. La bancada de APP respalda cada medida del Ejecutivo en el Parlamento y también tiene su cuota en el gabinete liderado por el premier Alberto Otárola con la presencia del ministro de Salud, César Vásquez.
Ahora, la repartija de las prefecturas alcanza a Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú y Podemos.
Proyecto congelado
Hay que recordar que el 2 de noviembre del año pasado, la Comisión de Descentralización aprobó un dictamen que eliminaba las prefecturas y subprefecturas a nivel nacional.
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Con 10 votos a favor y 6 en contra, la iniciativa pasó de este grupo de trabajo -cuya presidenta era la congresista Diana Gonzáles (Avanza País)- al Pleno. Sin embargo, un año después es que no se toca para nada en el Pleno con el fin de que se apruebe o se mande al archivo.