Según explica Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del IPE, los dos factores que responden a esta problemática son el fuerte incremento del precio de los alimentos y el estancamiento de la economía, el cual se ha traducido en una debilidad de los ingresos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), el porcentaje de hogares en el Perú que vio disminuido sus ingresos producto de una enfermedad, pérdida de empleo o un desastre natural, entre otros factores, pasó de 19% en el 2019 a 27% en el 2022.
Esta situación generó que las familias consuman menos alimentos. Durante el primer semestre del 2023, se estima que el 6,3% de la población (2,1 millones) redujo su consumo de alimentos.
Peruanos redujeron consumo de proteínas
Entre los alimentos que dejaron de adquirir los hogares peruanos vulnerables figuran los productos ricos en proteínas.
El consumo de carnes rojas en los niveles socioeconómicos más bajos (C,D y E) cayó en 14% en los últimos cinco años. En el nivel socioeconómico B, la reducción en el consumo de carnes fue de 26%.
En los últimos meses se ha registrado una desaceleración en el aumento de los precios y, según el IPE, ello contribuirá a una menor presión para el bolsillo de los hogares, sobre todo de los más vulnerables.
Las diferencias entre la inflación que experimentan los hogares pobres y ricos se han reducido casi en su totalidad. Sin embargo, una menor inflación será insuficiente sin un mayor dinamismo de los ingresos laborales, algo posible únicamente si hay mayor inversión y empleo, refiere el Instituto Peruano de Economía.
“Si bien la inflación se viene ajustando, termina de ser insuficiente porque los ingresos siguen sin mejorar”, acotó el experto.
Aunque el consumo de carne aumentó en el ámbito rural durante la pandemia del Covid-19, este comenzó a caer rápido desde el 2022 frente al incremento de la inflación de alimentos.
IPE prevé incremento de la pobreza
Este resultado es consistente con el retroceso de casi 10 años en la reducción de la pobreza extrema y evidencia la gravedad de la crisis de inseguridad alimentaria.
Estrategia de ollas comunes impulsada por ciudadanos
La acción del Estado es clave y sobre ello, el Gobierno ha desplegado una serie de programas alimentarios pero sin una adecuada articulación y sin liderazgo preponderante. Según Carolina Trivelli, investigadora del IEP, ello impide una protección adecuada contra los bajos niveles de consumo de alimentos por debajo de lo recomendado.
A finales del año 2022, más de 3.000 ollas comunes asistieron a cerca de 224.000 beneficiarios, siendo Lima Metropolitana la región con mayor atención, abarcando el 90% del total. Ante esta situación, el Gobierno respondió asignando un presupuesto de 147 millones de soles para este 2023, destinado a la provisión de productos básicos a las ollas comunes.
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