El Poder Judicial decidió aprobar la solicitud del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima para que se pida a Rusia la extradición de Abel Valdivia, quien disparó a matar al comunicador Christiam Enrique Tirado durante una fiesta en Lince. Este episodio ocurrió en el mismo evento a la que asistió la tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia se encargó de tomar la decisión casi un mes después de que las autoridades judiciales dispusieran que el procedimiento sea tramitado a Rusia, donde el imputado fue detenido en medio de un pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva.
Mientras la diputada y su allegado celebraban, otros legisladores asistían al velatorio del primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, quien falleció debido a una descompensación en Arequipa.
El crimen ocurrió esa misma madrugada del 1 de octubre, a raíz de una riña en la puerta del edificio donde se celebraba el evento social. Según un clip difundido por Latina, Abel Valdivia aparece junto a su hermano Pedro en el momento en que apretó el gatillo.
Las cámaras de vigilancia evidenciaron, además, que extrajo el arma de su auto (eventualmente, la guardaba bajo el asiento) y ejecutó el disparo al pecho mientras otros asistentes miraban la escena. Pedro estaba allí, pese a que ante la Policía dijo que, producto del shock, no había “podido apreciar lo demás”. Investigado como presunto cómplice, este último enfrenta un impedimento de salida del país por un año y siete meses. Su defensa ha referido que las imágenes exponen una legítima defensa.
Solo la primera figura exime de responsabilidad tanto penal como civil. “Abel y Pedro no conocían [a la víctima] ni tenían ningún problema con esta persona. No sé si el hermano de ellos, Carlos, los conoce y de repente [la gresca] obedeció a una rencilla anterior”, siguió el letrado.
Carlos Valdivia, expostulante a la alcaldía de Bellavista, es dueño de Aionia Technology Corporation, la compañía que en 2020 realizó un cuestionado contrato de 41 millones de soles con EsSalud por la compra de pruebas rápidas para detectar el coronavirus.
A la fecha, el Ministerio Público investiga este caso, que implica al exministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, y al exjefe del Seguro Social, Aurelio Orellana. “Increíblemente, Pedro no comete ningún hecho, pero sigue investigado por homicidio simple. [...] Esperamos que sea excluido”, agregó su abogado.
“A los amigos y a la familia no se le niega, no entiendo por qué Paul [allegado de Amuruz] nos niega. Mis hermanos no la conocen. El único vínculo con ella fue la coordinación de la fiesta porque ella lo organizaba”, declaró en Punto Final.
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