Jesús Mamani Huallpa, alias ‘Gordo Choy’, fue capturado con 21 iPhones robados en San Juan de Lurigancho la misma semana que el Gobierno oficializó un decreto legislativo que condena con hasta 30 años de cárcel el robo de teléfonos móviles.
Sin embargo, días después, el imputado se acogió a la terminación anticipada y fue condenado a tres años de prisión suspendida —sin ingreso a la cárcel—, pese a que era reincidente, según un informe difundido este domingo en Cuarto Poder.
Aunque ahora permanece nuevamente en la calle, su detención por lo menos sirvió para que tres de las víctimas recuperaran sus móviles arrebatados por la delincuencia, dos de los cuales sufrieron incluso sustracciones irregulares en sus cuentas bancarias.
La Policía también ha logrado identificar a otros tres propietarios —Francesco Sandoval, Omar Ruiz y Ariana Rengifo—, pero hasta ahora no tienen manera de localizarlos para la devolución de los equipos. De acuerdo con el dominical, en los otros 15 iPhones se había limado el código IMEI, que identifica y diferencia un celular a nivel mundial, y colocado otro número encima.
Para combatir esta problemática, el Gobierno cambió el Código Penal y ahora castigará con hasta 30 años de cárcel el robo de celulares. El ministro de Interior, Vicente Romero, se mostró convencido de que estas “medidas importantes, duras y drásticas” van a disminuir la delincuencia.
Y si el robo se comete utilizando material o artefactos explosivos, así como vehículos motorizados, la pena privativa de libertad será no menor de 20 ni mayor de 30 años. También la pena será de esta duración cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima, si se deja a la víctima o a su familia en grave situación económica y si se abusa de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de drogas, insumos químicos o fármacos contra esta.
Por otro lado, se refiere a la adquisición, venta y compra de estos objetos una vez que han sido sustraídos. “Aquella persona que adquiere, recibe en donación, en prenda, guarda, esconde, expone para la venta, ayuda a negociar, comercializa, desensambla o utiliza, un bien o sus partes” conociendo la procedencia delictuosa del objeto “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con 30 a 90 días-multa e inhabilitación”, señala el documento.
”Es una clara advertencia para todos aquellos que roban celulares, compran celulares, inclusive los que adulteran los aparatos, también van a ser sancionados, y la receptación, de igual manera, hasta 12 años de cárcel. Entonces, ¿quién quiera ir a la cárcel?”, señaló el ministro.
Durante la declaratoria, algunos derechos constitucionales como el de libre tránsito y la inviolabilidad de domicilio quedan suspendidos y, asimismo, no habrá actividad comercial desde la medianoche hasta las cuatro de la madrugada.
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