Familias Unidas por Justicia, un colectivo de los familiares de las víctimas por feminicidio, denuncia que desde hace meses en Ayacucho, el Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Sucre, un servicio público del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que brinda atención para mujeres afectadas por violencia familiar, sexual y otros tipos, no tiene abogados en el área de Defensa Legal. De esta manera, las mujeres y sus familias quedan desprotegidas y sin defensa jurídica que las acompañe en los procesos de denuncia.
Este hecho fue alertado por la familia de Pilar Antezana Pomahuallca, mujer madre de tres hijos, quien fue desaparecida en 2022 por su esposo, Félix Coaquira Pinto, última persona en verla con vida. En la vivienda de Pilar se halló rastros de sangre y vecinos indicaron que el día en que desapareció la oyeron pedir ayuda. Los familiares necesitan de un abogado que los acompañe en todo el proceso de denuncia contra el presunto feminicida, sobre todo ahora que el Poder Judicial ya dictó seis meses de prisión preventiva contra Coaquira Pinto por el presunto delito de feminicidio en agravio de Pilar Anteza.
Sin embargo, cuando no hay un especialista que brinde el acompañamiento legal correspondiente a la familia, casos como el de la familia de Pilar Anteza, “se ven obligados a buscar defensas temporales en otros CEM y no tengan la comunicación correcta”, por el mismo hecho que no le da continuidad al caso, señala en un pronunciamiento Familias Unidas por Justicia.
Por este motivo, el colectivo demanda medidas urgentes del Ministerio de la Mujer para que ingrese cuanto antes un abogado permanente en el centro de Sucre. “Nos preocupa cuántas víctimas se han quedado sin la orientación, acompañamiento respectivo y atención adecuada”, enfatizan.
La familia tiene derecho a reclamar orientación legal. Mientras tanto, en apoyo del colectivo Familias Unidas por Justicia, difunden y exigen que la medida impuesta por el juez Rodolfo Umiña Cruz, de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, sea aplicada de inmediato, y que la Policía Nacional del Perú (PNP) detenga a Félix Coaquira por orden de captura y lo recluya en un penal durante el periodo señalado.
Falta de profesionales en los Centros de Emergencia Mujer (CEM)
La Defensoría del Pueblo ha advertido que en los Centros de Emergencia Mujer hay altas cifras de rotación del personal, y eso afecta que a las familias, quienes se quedan sin defensores públicos.
De enero a julio de este año, los CEM han recibido más de 96 mil casos, informa un reporte de El Comercio. De la totalidad de casos, “79 son por feminicidio, 133 tentativas de feminicidio y 14.500 casos de violencia sexual, esto entre muchos otros casos de abuso como violencia física, psicológica, hostigamiento sexual, entre otros”.
Sin embargo, familias y víctimas mujeres alertan que el trabajo de los abogados es muy limitado, por lo que tienen que vivir una lucha casi eterna por buscar justicia y defensores públicos.