Fiscalía archiva definitivamente caso contra documentalista Kenty Aguirre, detenido en protestas

En el marco de las protestas en contra de la presidenta Dina Boluarte del pasado 28 de julio, se llevaron a cabo una serie de detenciones arbitrarias hacia varios participantes de las marchas. Este fue el caso del documentalista Kenty Aguirre, quien fue detenido, cogoteado y agredido por varios policías para posteriormente ser comprendido en una investigación fiscal por la presunta comisión del delito de “disturbios”.

Las agresiones contra Aguirre llegaron a tal punto que hasta lo llevaron a perder el conocimiento en un par de ocasiones. Primero, durante su detención; y luego, dentro de la comisaría de Cotabambas; a donde fue llevado hasta ser trasladado a la División de Asuntos Sociales - Divasoc; sin embargo, y a raíz del cuestionado accionar de los agentes, la Fiscalía de la Nación finalmente decidió archivar su caso.

La ratificación de esta decisión finalmente llegó el último 2 de septiembre, cuando un documento de la Fiscalía de la Nación al que Infobae Perú tuvo acceso; resolvió “no formalizar, ni continuar investigación preparatoria en contra de Kenty Aguirre Figueroa”; a quien también se le imputaban los delitos de impedimento de ejercicio de funciones a la autoridad.

Como se sabe, este caso generó una ola de indignación debido al proceder abusivo mostrado por la Policía Nacional del Perú durante las protestas, sobre todo debido a una serie de irregularidades en las que los miembros de la PNP habrían incurrido.

Ahora, el Ministerio Público finalmente dio la razón a lo denunciado por Aguirre, su familia, y su defensa, para dar paso a una serie de investigaciones en las que se buscará abrir un proceso sancionatorio en contra de los policías que lo intervinieron en lo que ahora podría considerarse una detención injustificada.

Según lo dispuesto por la Fiscal Superior Titular, Lina Victoria Balvín, quien estaba encargada de estas investigaciones, se concluye “no atendibles los argumentos vertidos por la parte recurrente que pretende enervar los fundamentos del fiscal provincial”. En ese sentido, se declararon infundados “los recursos de elevación de actuados” y los recursos planteados por la Procuraduría que buscaban que se retrocediera en la investigación contra Aguirre.

Denuncia por abuso de autoridad sigue su curso

En conversación con Infobae Perú, el abogado Juan Quispe aseveró que la denuncia, que inicialmente se impuso en contra de los policías que intervinieron a Kenty se encuentran en desarrollo. Según el hombre de leyes de IDL, el realizador visual “ya declaró hace una semana, más o menos, en la Fiscalía de Derechos Humanos, explicando la situación de actos de tortura en su contra”.

Como se sabe, en un parte fiscal al que el medio La República accedió; se detalló que la detención de Aguirre se dio a raíz de las acciones perpetradas por los efectivos policiales Julio Alberto Castro Ampretti, Andrel Iván Laurente Sánchez, y Francesco Reginaldo Vela Rojas, quienes aseveraron “que un grupo de personas”, entre las que estaba Aguirre, “insultaban a los policías y en todo momento lanzaban objetos contra el personal interviniente”. Este hecho no pudo ser demostrado.

A raíz de estas acusaciones, Quispe ha señalado que se buscará tomar acciones no solamente contra “aquellos que lo golpearon y maltrataron al momento de su detención y hasta que le hicieron perder el conocimiento, sino también ante aquellos miembros de la comisaría de Cotabambas, que le insultaban, que denostaban y humillaban”.

Con esta disposición, queda ratificada la denuncia por tortura y abuso de autoridad que se anunció sería emprendida por sus familiares ante los cuestionables hechos.

“La denuncia está ratificada, tanto así que la Defensoría del Pueblo también fue la que cursó un oficio a la Fiscalía de Derechos Humanos junto con el certificado médico-legal para que se investigue, era eso lo que nosotros estábamos al pendiente para que Kenty declare lo que realmente sucedió. Fue una detención arbitraria, abusiva e ilegal y encima lo maltrataron y hasta ahora, dos meses después, todavía no le devuelven lo incautado”, concluyó el abogado de IDL, que lleva el caso.