Política institucional y cuidado de la calidad educativa quedan solo en el papel. El último 23 de septiembre se supo que la Sunedu había registrado un total de 2.250 programas académicos nuevos en 56 universidades del Perú. La precisión, según lo dicho por el mismo titular de la misma institución, Manuel Castillo, generaba un problema, al representar demasiado trabajo por fiscalizar, sin embargo, un informe interno difundido el último martes muestra que esto pudo evitarse.
El escándalo de la creación de estos programas indiscriminadamente fue alertado inicialmente por el medio La República, en el que se aseveraba que se habían registrado más de 2 mil carreras adicionales entre los programas de pregrado y posgrado, que, una vez establecidos, no permitían supervisar si estas cumplían con el mínimo de exigencias de calidad.
La confesión de Castillo Venegas ante la comisión de Educación del Congreso fue tajante, en ella, afirmaba que su institución no se daba abasto al momento de supervisar estos programas, sin embargo, esta sobrecreación pudo haber sido evitada, si la misma Sunedu hubiese hecho su trabajo.
En un informe de marzo de este mismo año, revelado por el investigador Julio Cáceda, se indaga respecto al impacto que genera la Ley N° 31520, que es conocida como la norma que le resta la autonomía universitaria a la institución creada 2014 para vigilar los estándares de calidad educativa en el Perú. Y los resultados y conclusiones de esta disposición sí precisan la existencia de mecanismos que prevengan un abuso en la creación de nuevos programas académicos.
Hecho había sido advertido y pudo evitarse
El documento de número N° 0199-2023-SUNEDU-02-12, titulado como “Informe que analiza el impacto de la Ley N°31520, en la potestad de la Sunedu para instruir y resolver procedimientos administrativos de modificación de licencia”; se precisa que la institución tendría la capacidad, comprendida en los artículos 13 y 15.1 de la norma aprobada por el Congreso actual, de frenar procedimientos de licenciamiento institucional.
Según Linda Lucila Cossio Labrín, directora de licenciamiento de la institución encargada de elaborar el informe, el mismo artículo 15 “reconoce como una de las competencias de la Sunedu la de licenciar el servicio educativo superior universitario y autorizar su funcionamiento”.
El documento no solo detalla la disposición, sino que incluso en ese momento se advertía en sus conclusiones el peligro que ahora se hace fehaciente mediante el abuso de inscripción de carreras.
Cossio detalló que entre los representantes educativos, hay “quienes han presentado solicitudes de modificación de licencia” y los que han planteado “solicitudes de inscripción de registro de nueva oferta educativa sin iniciar un procedimiento de verificación de cumplimiento de las condiciones básicas de calidad”, como resultado de las modificaciones.
Así, el documento deja clara la responsabilidad que tenía la Sunedu de evitar hechos que ahora son materia de escándalo, al precisar que “debe continuarse con la instrucción de los procedimientos de modificación de licencia institucional, al ser un mecanismo que permite garantizar el cumplimiento de esta función esencial”.
¿Falta de fiscalización de la Sunedu es debilidad o inacción?
Si bien la noticia del abuso en la creación de programas educativos dio como resultado todo tipo de críticas basadas en el debilitamiento que sufre dicha institución en la actualidad, la culpa no solo es atribuible a este hecho propiciado por el Congreso.
En declaraciones para medios, el rector de la Universidad Privada Cayetano Heredia, Enrique Castañeda, aseveró que la Sunedu no tenía una capacidad mínima de fiscalización. “Ya han desmontado a la Sunedu, que ahora es una mesa de partes, y le buscan quitar más atribuciones. Ya no licencia carreras”, aseveró el funcionario.
Esta poca capacidad deviene de los cambios a raíz de la aprobación de la ley, pero también de una falta de claridad por parte de la institución respecto a las acciones como consecuencia de dichos abusos. El último lunes, la institución emitió un comunicado poco claro y hasta considerado como débil por miles de usuarios, en los que “exhortaba” a las universidades a no abusar de estas solicitudes y modificaciones de licenciamiento.
Y solo apeló a su capacidad de hacer uso de sus dotes de fiscalización en un comentario fuera del comunicado, a fin de evitar mayores críticas.
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