Esta semana se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la demanda presentada por el líder y fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, quién está condenado por delitos de terrorismo. Polay Campos acusa al Estado peruano de violar su derecho al principio de legalidad y sus garantías judiciales.
El miércoles, la exministra de Justicia y exprocuradora Delia Muñoz advirtió que el informe de admisibilidad, aprobado por el órgano internacional en marzo del 2022, tiene entre sus objetivos cambiar la jurisprudencia sobre juzgamientos por terrorismo en Perú.
“Desconozco por qué no se ha hecho público antes [...] Si el Estado no logra hacer una defensa adecuada, el tema se lleva recién ante la Corte IDH. Este tipo de informes es absolutamente clave porque muchos de estos casos no lleguen a esta instancia”, manifestó la letrada a Canal N.
Critican a la CIDH
Tras conocerse el hecho, el exjefe de la Dirección General de Inteligencia (Digimin), José Luis Gil, cuestionó el proceso que inició Polay Campos y consideró que los sentenciados por terrorismo solo buscan una indemnización y afectar a las fuerzas de seguridad. Además, cuestionó que el Perú siga en la CIDH.
“Esta es una plantilla de los terroristas que han sido sentenciados, de denunciar a sus captores, el Estado peruano por dos razones: uno porque debilita a las fuerzas de seguridad y por otro lado se logran compensaciones económicas. Ya vimos el caso de Mónica Feria Tinta y otras como Lori Berenson que finalmente hicieron que el Estado les pague una indemnización”, señaló Gil a RPP Noticias.
“Esa es la diferencia con El Salvador, el presidente Nayib Bukele no está en la CIDH y toma las decisiones que el país necesita. Esta debe entenderse como una lucha permanente de las corrientes ideológicas que hoy pretenden tomar el control de muchas partes del mundo. Los socialcomunistas pretenden que estos casos se vean todo el tiempo”, agregó.
Por su parte, este jueves, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, rechazó que la CIDH haya admitido la demanda presentada a favor de Víctor Polar.
“Es un trabajo que hacen los terroristas para seguir en vigencia (...) A él se le ha juzgado como corresponde y cumpliendo todos los requisitos que dictan los derechos humanos, nada de lo que dice ese documento es cierto, entonces, el Estado debió poner en manifiesto esto”, dijo el parlamentario.
“Hemos dicho hace casi un año que debemos retirarnos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque no nos trae nada bueno hasta el momento”, añadió.
Ejecutivo dará respuesta a demanda de Polay
Por su parte, desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Vicente Romero, señaló que ese poder del Estado responderá a la demanda interpuesta por Víctor Polay ante la CIDH.
“Por supuesto que el Ejecutivo tiene que presentar su contrarrepuesta, en el sentido de que se le ha tratado como debe ser. Esto ya lo verá el Ministerio de Justicia”, manifestó el ministro Romero luego de participar en la presentación de un Puesto de Auxilio Rápido situado en el Asentamiento Humano Benjamín Doig, en Pucusana.
“Toda persona tiene derecho a solicitar [una revisión] si ha sido vulnerado o no [sus derechos]. Somos parte de la Comisión Interamericana de Justicia, de manera que esperaremos que las autoridades lo resuelvan”, comentó el titular del Mininter.
Queja similar de Polay fue archivada
Por otro lado, la exministra de Justicia y exprocuradora Delia Muñoz recordó que Polay Campos ya había presentado una queja ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otra ante la misma CIDH, la cual fue archivada en 2010.
Con la reciente decisión, la Comisión “vuelve a plantear la necesidad de revisar el juicio a cargo de la Sala Penal Nacional”, formada por los vocales superiores Pablo Talavera, David Loli Bonilla y Jimena Cayo, que en 2006 condenó a Víctor Polay a 32 años de prisión y ordenó pagar una reparación civil de 50 millones de soles.
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