El prelado Marco Antonio Cortez, obispo de Tacna y Moquegua, recordó este lunes a la presidenta Dina Boluarte las muertes ocurridas en las protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre diciembre y marzo pasado, por las que enfrenta una investigación fiscal.
La mandataria arribó a la región fronteriza, que celebra el 94.° Aniversario de su reincorporación al territorio nacional, en compañía del premier Alberto Otárola y otros integrantes del Gabinete Ministerial, quienes estuvieron en primera fila durante la homilía.
“No sigamos cometiendo los mismos errores de la desunión, desconfianza y desequilibrio de poderes [...], de lo contrario seguirán pagando los más pobres. Es necesario recordar que no solo existen pecados de comisión, sino también los pecados de omisión. Como decía Santa Teresa de Jesús, el infierno está lleno de buenas intenciones”, continuó.
Cortez invocó a la administración de Boluarte atender la culminación del hospital Hipólito Unanue —que debió entregarse en julio de 2019—, “el drama de la falta de agua”, la carretera Tacna-Collpa-La Paz y la doble vía a Boca del Río.
“Estoy seguro de que, si me callara en este momento, ustedes completarían este rosario que no se termina. Lo más triste es que no es solo Tacna, son [todas] las regiones que experimentan la misma decepción, ya que las autoridades están corriendo el riesgo de vivir a espaldas de las necesidades concretas y básicas, de la pobreza y del dolor de muchos peruanos”, siguió.
Según imágenes difundidas por Radio Uno, unos 30 protestantes intentaron llegar al frontis del hotel Casa Andina, donde se desarrolló la cita, pero fueron interrumpidos por el contingente policial. Algunas manifestantes acabaron en el piso, mientras eran reprimidas con violencia.
Después del enfrentamiento, la dirigenta Bertha Ticona e Inés Calderón fueron detenidas y trasladadas a la comisaría Central, mientras que Ricardo Lupaca fue derivado a la misma dependencia en calidad de intervenido.
La periodista Jacqueline Fowks informó, además, que un ciudadano fue golpeado y herido por agentes policiales cuando prestaba ayuda a una manifestante, a quien un efectivo le había quitado previamente un megáfono.
“Las responsabilidades políticas que puedan existir tendrán que [determinarse] una vez que se establezca que en las situaciones que hemos visto efectivamente hubo un uso bueno o malo del arma”, declaró.
La mandataria, también acusada de plagio académico en dos publicaciones que consignó en su currículum, es investigada junto a varios integrantes del Ejecutivo por el deceso de 49 personas en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden durante las protestas que pedían su renuncia y el cierre del Congreso.
Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) divulgada el domingo, el 79 % de ciudadanos desaprueba su gestión, menos que el 82 % registrado en julio. Su rechazo es mayor en niveles socioeconómicos medios y bajos y en el ámbito rural, y, por el contrario, quienes aprueban su gestión se concentran en Lima, son de niveles altos, personas muy interesadas en política y quienes se definen como de derecha.