La llegada de la presidenta Dina Boluarte a Tacna, donde lidera la sesión descentralizada del Consejo de Ministros con los integrantes del Gabinete y autoridades locales, desencadenó este domingo una manifestación ciudadana que fue reprimida por policías, y dejó al menos dos detenidas y un intervenido.
Según imágenes difundidas por Radio Uno, unos 30 protestantes intentaron llegar al frontis del hotel Casa Andina, donde se desarrolla la cita, pero fueron interrumpidos por el contingente policial. Algunas manifestantes acabaron en el piso, mientras eran reprimidas con violencia, reportó la emisora regional.
La periodista Jacqueline Fowks informó, además, que un ciudadano fue golpeado y herido por agentes policiales cuando prestaba ayuda a una manifestante, a quien un efectivo le quitó un megáfono.
En los exteriores del hotel también se encontraban algunos alcaldes que fueron excluidos de la audiencia, entre ellos Rafael Vega, burgomaestre de Candarave, un distrito que padece sequías; y Kenny Menéndez, de la provincia de Tarata, donde se registran proyectos truncos a cargo del gobierno central.
“Queremos reiterar por cuarta vez al Ejecutivo que por favor se retire a Candarave de emergencia por lluvias […] debería de ser emergencia por sequía. Candarave afronta una crisis hídrica que deviene de las sequías [...] hay heladas y no hay forraje para los ganados”, dijo Vega a la radio.
Este nuevo episodio de represión ocurre cerca de una semana después de que la defensa de Boluarte solicitara a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, archivar la denuncia por genocidio que enfrenta la jefa de Estado por las muertes durante las protestas antigubernamentales.
“Ella no tiene responsabilidad jurídica de ninguna manera en esta situación. Las responsabilidades políticas que puedan existir tendrán que [determinarse] una vez que se establezca que en las situaciones que hemos visto y lamentamos las muertes [...] efectivamente hubo un uso bueno o malo del arma”, dijo el abogado Joseph Campos.
Remarcó que Boluarte, cercada por la pesquisa desde inicios de 2023, solo recibió un informe al final del día de las acciones de control de las protestas y que había dado instrucciones para que se ciñeran al respeto de los derechos fundamentales.
La mandataria, también acusada de plagio académico en dos publicaciones que consignó en su currículum, es investigada junto a varios integrantes del Ejecutivo por la muerte de 49 personas en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, durante las protestas ocurridas entre diciembre y febrero último que pedían su renuncia y el cierre del Congreso.
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